Es tan alarmante la denuncia del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la creación de grupos paramilitares para incidir en las votaciones del 20 de mayo que la supuesta trama no puede quedar como otro cacareo del proceso, sino que tiene que investigarse con todas las garantías habidas y por haber.

Los detalles de que ha dado cuenta el magistrado Roberto Rosario hablan de un plan para atentar contra el proceso, pues de acuerdo con un manual sobre las supuestas operaciones de los civiles armados en Monte Plata y Andrés, Boca Chica, se contemplaba sustituir a la Policía Militar Electoral.

Al provenir del presidente de la JCE y no de la oposición o representantes de la sociedad civil la denuncia adquiere más peso y se torna más inquietante. Tan seguro está el funcionario de los detalles de la trama que ha dado gracias de Dios de que en el país nada ocurriera que alterara el orden y la tranquilidad.

Que minimice sin investigar las denuncias sobre compra de cédulas no es lo prudente ni tampoco ya lo que importa. Lo grave, como ha declarado, es el alegado plan terrorista para atentar contra las elecciones, del que se espera no sólo que entere a la opinión pública de todos los detalles, sino que apodere a las instancias correspondientes para efectuar las investigaciones de rigor.

Muchos incidentes, entre los que figuran la detención de opositores, la incursión de militares en colegios electorales y la incursión del presidente Leonel Fernández se citan entre los factores que ensombrecieron las votaciones, con todo y que pudieran no ser determinantes para los resultados.

El tono acusatorio que el presidente de la JCE ha impreso a la denuncia exige que el caso no quede en el aire. Sobre todo si se agrega el supuesto hackeo del centro de informática del organismo que se habría intentado desde México y otros países el día de las elecciones.

Como presidente de un órgano cuya actitud también generó tensiones y que ha sido acusado de parcialidad en el certamen, Rosario no puede defenderse con denuncias que, de no proceder en consecuencia, pueden tener el efecto de evidenciarlo como juez y parte en su papel de arbitraje. Ni tampoco puede dar lugar a que se piense, ni por asomo, que se trata de un recurso publicitario.

Si como dice tiene nombres, números de cédulas y todos los detalles de la conspiración de que ha dado cuenta no tiene más que apoderar a los servicios que corresponda para que efectúen una investigación exhaustiva. Después de ese paso, lo aconsejable sería desvincularse por completo del caso para que no se piense que interfiere en las pesquisas.

Ahora que ha vuelto a abordarse la necesidad de consolidar el sistema institucional, Rosario haría un saludable aporte al contribuir que se dilucide todo lo relativo a la supuesta trama. Y de esa forma evitaría que sea como un chisme que incluso pueda empañar la imagen de transparencia, eficiencia y responsabilidad que tanto ha defendido.