La administración de justicia en la provincia Santo Domingo se ha convertido en un pandemonio, con carencia no solo de infraestructura, sino de garantía de derecho y otras precariedades, según denunciaron hoy varios abogados que demandaron de la Suprema Corte de Justicia declararla en estado de emergencia e intervenirla.

En los centros judiciales de la provincia se ha deshumanizado el derecho penal, ya que no solo carecen de baños las edificaciones, sino que constituyen una limitante para el ejercicio objetivo del derecho, según sostienen penalistas Valentín Medrano, Manuel Sierra, José Parra y Wilton Gutiérrez.
Para Medrano, en Santo Domingo la administración de justicia es un caos, ya que muchos jueces desconocen el procedimiento y la humanización del derecho penal.

“Los dos tribunales colegiados son carnicerías humanas y los tribunales de la instrucción, a excepción del presidido por el magistrado Máximo Santiler y del presidido por la magistrada Mary Ramírez, son verdaderos centros de precariedad de garantías penales sustantivas”, precisó.

Aducen que lo que ocurre allí es el ejercicio de un derecho donde no se valoran las garantías fundamentales estatuidas en la Constitución y en el Código Procesal Penal.

Parra y Sierra creen que esa demarcación judicial debe ser declarada en estado de emergencia, ya que carece de espacio, de jueces, de baños y de una efectiva aplicación de la normativa penal.

Se quejan de la demora de las audiencias y no hay donde los litigantes puedan sentarse.

Sostienen que la aplicación del proyecto de implementación del Código Procesal Penal ha sido un fracaso en esa provincia, ya que pocos jueces lo aplican con efectividad.

“El populismo penal ha permeado la mayor parte de los jueces, porque los jueces obedecen a la presión mediática, sin respectar garantía ni derechos fundamentales. Tenemos que llamar al presidente de la Suprema para que instruya a los jueces a actuar con imparcialidad respectando el debido proceso, garantías y derechos fundamentales de las personas que se someten a un proceso penal”, precisó Gutiérrez.

Añadieron que en esos centros de justicia no hay condiciones ni siquiera para quienes van en busca de justicia.