La violación de la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes cuestiona la autoridad del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas para validar la transparencia que tanto se pregona en el ejercicio público.
Alarma que no se haya actuado contra los más de 1,500 funcionarios municipales salientes y entrantes que a la fecha no han cumplido con la ley.
No son los únicos, pues entre los incumplidores también figuran legisladores, exlegisladores y funcionarios actuales.
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A la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, le compete la persecución de quienes no han cumplido con la declaración jurada de bienes.
El relajo no solo ridiculiza la retórica sobre el celo con el buen uso de los recursos públicos, sino que ratifica una cultura de dejar hacer y dejar pasar en torno a la cual los partidos políticos, lamentablemente, han sido indiferentes.