El desalojo por agentes de la Policía de una familia de una vivienda en El Seibo, a causa de lo cual fue detenido un sacerdote, merece aclararse.

Tras interceder en el operativo el dominico Miguel Ángel Gullón, director de la emisora Radio Seibo, fue apresado y esposado por más de tres horas. El sacerdote denunció el desalojo como arbitrario, toda vez, según él, que no existía sentencia de un tribunal, notificación previa ni cumplimiento del debido proceso.

Grullón reconoció que la desocupación de la vivienda fue ordenada por el fiscal adjunto de El Seibo, Raúl Guerrero Cedeño, pero sin que mediara orden de un juez. “Todo lo que ha ocurrido es una injusticia grande. No hubo orden judicial ni diálogo previo”, expresó el religioso tras ser liberado por los agentes que lo detuvieron.

Todavía la familia ocupa de manera ilegal la vivienda en la que dicen vivir desde hace décadas, tanto el procedimiento para el desalojo como la detención del sacerdote tienen que aclararse.

Se supone que interceder en un operativo del que se considera víctima a una familia no es motivo para detener y esposar a un sacerdote ni a nadie. A todas luces, los agentes incurrieron en un exceso que merece sancionarse.

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Y en cuanto al operativo determinarse si se cumplieron con los procedimientos que consigna la ley, porque de no ser así hay que establecer responsabilidades. De acuerdo con el director de Radio Seibo de lo que se trató fue de un abuso de poder.