La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Valerie Julliand, ha propuesto una amnistía a inmigrantes indocumentados haitianos que han vivido en el país desde hace muchos años, al considerar que esa sería casi la única manera de regularizar su estatus migratorio.

Lo que propone la veterana diplomática es algo así como sofocar fuego con gasolina, porque un indulto o perdón migratorio a la enorme masa haitiana que pernocta en territorio nacional será como abrir la frontera de par en par, pues las autoridades carecen de mecanismos efectivos para determinar si un extranjero vive aquí por muchos años.

Congreso y Gobierno de Estados Unidos, nación de inmigrantes, que dispone de todos los controles migratorios y organización social para detectar indocumentados, no se atreven a repetir la experiencia de una amnistía, pese a que ese país requiere la mano de obra de más de 12 millones de mexicanos ilegales.

Decir que la amnistía es la única manera de regularizar el estatus de centenares de miles de indocumentados es como apostar al caos migratorio y lacerar severamente el inviolable principio de soberanía nacional, porque la incongruente aplicación de un perdón migratorio se extendería por muchos años, periodo durante el cual literalmente se borraría el trazo fronterizo.

Se resalta que la señora Jullian externó tales juicios de manera verbal en respuesta a preguntas de periodistas al término de una ceremonia de presentación de un nuevo sistema de comunicaciones y archivos que empleará la Dirección General de Migración, por lo que lo deseable sería que a tales juicios se los lleve el viento.

Naciones Unidas y las grandes metrópolis deberían entender de una vez y por todas, que por razones históricas atribuidas a propias potencias mundiales, la isla Hispaniola está ocupada por dos naciones libres e independientes, una de las cuales Haití- requiere de un urgente y especial auxilio económico, tecnológico y organizacional para poder rebasar su drama social.

A República Dominicana le asiste pleno derecho de aplicar controles migratorios conforme a sus postulados constitucionales y en arreglo con la ley, por lo que resulta pertinente reiterar al PNUD y a la comunidad internacional que ninguna iniciativa o proyecto relacionado con la situación haitiana debe incluir forma expresa o velada de integración política o territorial.

Gobierno y pueblo dominicanos tienen el compromiso de solidaridad con sus pares haitianos, así como de promover una política de buena vecindad, sin que ningún ente foráneo pretenda ni por asomo imponer fórmulas que castren legítimas prerrogativas internas o que lesionen la irrenunciable condición de nación soberana e independiente.