Con el pretendido llamado a cierre hoy del comercio, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) ha escogido un mal camino en su reclamo para que el Gobierno aplace la instalación de impresoras fiscales en esos negocios, pues se trata de una medida extrema que no se corresponde con lo exigido.
Esas impresoras medirían el nivel de ventas y gastos de unidades comerciales con operaciones anuales superiores a los 38 millones de pesos, lo que ayudaría a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a precisar el monto de los tributos que debe pagar ese establecimiento, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (Itbis).
Todos los indicios en torno a ese resabio huelgario apuntan a la sospecho de que se pretende evadir impuestos o evitar que la Administración Tributaria cumpla con su deber de recaudar los tributos, aunque para guardar las apariencias se incluye el reclamo de no aplicar incremento del Itbis.

El presidente de la Federación de Comerciantes ha dicho que su llamado a paro de negocios ha recibido respaldo para extenderlo a las escuelas y transporte y hasta vinculó su temeraria iniciativa con el cierre de gasolineras. ¿Acaso esos dirigentes aspiran a que su llamado a cierre de establecimientos comerciales por 48 horas se convierta en una huelga general? De otra manera no se entienden las razones de recomendar no enviar los estudiantes a las escuelas o vincular ese despropósito con amenaza de huelga en otros sectores.

Ese llamado a cierre de negocios no tendría nunca éxito como proclaman sus auspiciadores, ni aun si todos los colmados y tiendas asumen el llamado, porque no se puede definir como triunfo una jornada que podría causar pérdidas millonarias a propios empresarios e innecesarias dificultades a los consumidores.

Se saluda la decisión de las autoridades de no ceder a formas de chantaje o intimidación que se ocultan detrás de llamados a huelgas y paros, cuyos mentores han obviado el ejercicio de un tipo de diálogo que sea sensato y productivo.

Ojalá que al cumplirse las 48 horas de tan descabellada iniciativa, títeres y titiriteros entiendan de una vez y por todas que todos los ciudadanos en actividades productivas deben pagar sus impuestos y que nadie puede apropiarse o eludir la entrega de lo recaudado por el Itbis a la Administración Tributaria.