Esta semana llegó a su vencimiento el tristemente recordado Acuerdo de Madrid, el cual virtualmente instaló un cártel de empresas en el sector de generación eléctrica en nuestro país. El Estado dominicano tiene ahora la oportunidad de poner en práctica lo aprendido de las terribles lecciones del pasado, primero del fatídico monopolio estatal que en su momento fue la CDE, y después de la instauración de monopolios privados con respaldo estatal que nos trajo la contrarreforma del sector eléctrico de principios de la década del 2000.

Es tiempo de dar oportunidad a la competencia, y abrir las puertas a las inversiones en el sector eléctrico dominicano, apuntando a llevarlo de la aspiradora de dólares que es hoy en día hacia potencialmente convertirle en un generador de divisas para nuestro país.

Quizás con el deseo de obtener un mejor apalancamiento de negociación para la llegada de este día, el Estado dominicano ha puesto mucho peso en el proyecto de plantas a carbón de Punta Catalina. Ciertamente es bastante útil tener la alternativa del carbón a mano al momento de renegociar las condiciones preestablecidas en un acuerdo tan nefasto como lo fue el Acuerdo de Madrid, pero no obstante ello, es importante tener en cuenta que ni las plantas a carbón ni la renegociación serán la solución definitiva al problema eléctrico, y de ahí radica la importancia del Pacto Eléctrico.

La mira a futuro para el sector de energía en la República Dominicana debe centrarse en promover la competencia y la inversión privada, la cual debe ser adecuadamente supervisada por un órgano regulador con un mandato claro y con herramientas flexibles que le permitan no solo mantener a raya cualquier abuso por parte de algún participante del sector, sino que a su vez sirva como el mayor promotor de inversiones en una industria que desesperadamente se necesita expandir.

El Estado debe brindar mayor claridad respecto de su rol dentro del sector, y debe apuntar a hacer de la energía uno de los mayores receptores de inversión local y extranjera, de manera que el progreso que se vaya a obtener del Pacto Eléctrico y la renegociación de los contratos del Acuerdo de Madrid sea sostenible en el largo plazo.

El pobre manejo histórico que nuestro país ha dado al sector eléctrico nos ha costado miles de millones de dólares de manera directa y potencialmente docenas de veces más de manera indirecta en el impacto que las deficiencias energéticas han tenido sobre nuestro desarrollo.

Tenemos la oportunidad de retomar las reformas de 1997 y 1998 que impulsaron a nuestro sector energético a ser nuestra principal fuente de inversión extranjera directa. Más aún podemos reordenar la estructura administrativa y regulatoria del sector de modo que esta sea más eficiente y consciente de su verdadero rol dentro del sistema.

Y quizás, si hacemos las cosas bien y nos proponemos mantenerles en el futuro, estas décadas oscuras del sector eléctrico pudieran dar paso a una ola de cambios que nos lleven de ser el país apagado a el país que debió vender su luz a sus vecinos. El objetivo no es difícil, el primer paso se trata de voluntad.