El esquema de sobornos detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) funcionaba como un peaje invisible incrustado en el sistema médico, en el que cada vez que el Estado pagaba a un proveedor de servicios, una parte preestablecida (el peaje) era desviada automáticamente a través de empresas fachada.

El dato está contenido en la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público sometió contra los imputados de haber desfalcado al Estado con más de 15 mil millones de pesos mediante un esquema fraudulento que operaba en esa institución.

Según la pieza acusatoria, el desvío del dinero era recolectado por un intermediario principal, para finalmente entregarlo al funcionario clave, legalizando la transacción mediante facturas ficticias (recibos falsos) para ocultar el desvío de los recursos.

Indica que los sobornos en el esquema de la denominada “Operación Cobra” funcionaban a través de un mecanismo de corrupción y lavado de activos sistemático, sostenido entre 2020 y 2025, centrado en manipular los contratos de Senasa para desviar fondos públicos hacia los imputados.

Precisa que el citado esquema de corrupción fue instaurado por el entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo Hazim, y que el mismo incluía la recepción de sobornos y la falsificación de cuentas contables.

Detalla que para tales fines se crearon programas especiales fraudulentos para sobornos, que carecían de sustento técnico o financiero, siendo utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias ilícitas.

Precisa que el esquema de corrupción utilizó posiciones de poder para direccionar contratos a empresas suplidoras para el pago de sobornos por sumas millonarias.

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Los cobros por concepto de sobornos, según la pieza acusatoria, oscilaban entre un 25% y un 30% de la facturación que las empresas recibían de Senasa.

Señala que esquema dependía de intermediarios de alta confianza para la recaudación y movilización del dinero, en el que el beneficiario principal, Santiago Marcelo Hazim Albainy, coordinaba dicho esquema, asegurando la contratación y el control de los pagos.

Recaudador

Como recaudador de los sobornos que eran entregados a Hazim Albainy, el expediente señala a José Pablo Ortiz Giráldez, una persona que también fue investigada en el caso Calamar y que extrañamente no fue incluido en el expediente.

Subraya que Ortiz Giráldez fue designado por Hazim Albainy como portavoz y recaudador primario para exigir y canalizar las comisiones ilícitas.

Señala el expediente, que se comprobó que Ortiz Giráldez recibió y manejó el dinero producto de los sobornos pagados a Hazim Albainy por diferentes empresas prestadoras de salud.

Señala el expediente, que para sustentar el desvío de fondos y dar apariencia de legalidad, varias empresas intermediarias prestadoras de servicios de salud emitieron miles de facturas ficticias simulando operaciones comerciales inexistentes o por servicios nunca prestados. Esas empresas fueron incluidas en el expediente.

Los sobornos

Los cobros por concepto de sobornos pagados al exdirector de Senasa, Santiago Marcelo Hazim, oscilaban entre un 25% y un 30% por cada facturación, según señala la solicitud de medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, interpuesta por el Ministerio Público ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.