A siete días de la juramentación del presidente electo Danilo Medina se intensifican las presiones del tropel de gente que aspira abordar al tren oficial o del otro que procura seguir a bordo de la locomotora, sin que se entienda que el interés de la población se centra básicamente en poder adivinar cómo abordará el nuevo gobierno los problemas más urgentes y graves de la agenda nacional.

Políticos, economistas y comunicadores sugieren desde ya al licenciado Medina un variado recetario para afrontar urgencias relacionadas con el déficit fiscal, deuda externa, gasto público, crisis eléctrica e inversión en la educación.

En una peña de tecnócratas organizada por la Cámara Americana de Comercio se aconsejó al nuevo mandatario reducir el Gasto Público en al menos 55 mil millones de pesos, lo que ataría de pies y manos a esa Administración, a menos que se acepte el planteamiento del FMI de aumentar la carga tributaria en 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La vía más expedita que se señala para aumentar los ingresos fiscales estaría relacionada con la ampliación de la base de aplicación del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y de Servicios (ITBIS), que se haría previa degustación del caramelo de reducirlo de un 16% a un 12%, pero incluir alimentos, medicinas y servicios básicos, con lo cual se cargaría con ese gravamen a gran parte de la población hoy excluida.

Otro camino sugerido es el de la reducción de los mentados gastos tributarios, que representan las exenciones, exoneraciones y subsidios al sector productivo y otros de la sociedad, que ascienden a unos 120 mil millones de pesos al año, un remedio que el empresariado rehúye como demonio al crucifijo.

La mala nueva para Medina sería que tan pronto se juramente tendrá que procurar antes del 31 de diciembre más de 500 millones de dólares para poder completar el pago a los generadores de electricidad y quién sabe si también botija de dinero para transferirla al Banco Central, en cumplimiento de la ley que reduce el déficit cuasi fiscal de esa institución.

Para 2013, el Gobierno tendría que identificar fuentes de ingresos para cubrir unos 90 mil millones de pesos destinados al cumplimiento de la promesa del 4% a la educación y más de 20 mil millones para destinarlos a la reducción del déficit del subsector eléctrico, sumas que según los economistas representa el 70% del gasto corriente.

No hay dudas de que al próximo Presidente le esperan días difíciles, por el cúmulo de problemas fiscales que confrontará su gobierno y porque desde el sector privado sólo se mencionan recetas relacionadas con la disminución del Gasto Público, sin que nadie hable de aumentar ingresos vía presión tributaria ni de reducir irritantes privilegios disfrazados de exoneraciones y subsidios que nunca han sido fiscalizados.