La abogada Mariel León Lebrón, de la compañía León y Raful, aclaró que los procesos disciplinarios incoados ante el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) por su homólogo Dionisio Ortiz Acosta calificándolo como “litigantes temerarios”, uno fue dejado sin efecto y otro se ventilará el 10 del mes en curso en el Tribunal Superior Administrativo, tras el conflicto que libran por una litis judicial sobre 400 viviendas que no han sido entregadas por la inmobiliaria Don Juan, en La Romana.

Aseguró que el recurso interpuesto en el CARD, contra Lilia Fernández León y Joel Rosario Alburquerque, representante legal de la señora María Amelia Hazoury contempla una serie de inexactitudes y falsedades.

Destacó que el conflicto del proceso judicial es una demanda de divorcio que introdujo Hazoury contra Juan Rafael Llaneza Gil de las entidades comerciales de su propiedad, recurrida por el demandado en apelación y casación como una forma de ganar tiempo para realizar maniobras para ocultar y defraudar a su esposa común en bienes.

Indicó que esa situación ha obligado a tomar una serie de medidas conservatorias que dispone la ley para la conservación de patrimonio familiar durante el proceso de divorcio, tanto en el país como en Estados Unidos, donde han sido reconocidos los derechos de su defendida.

“En su declaración, Dionisio Ortiz afirma que se han tomado medidas sobre compañías que no son propiedad de Llaneza ya que el mismo no aparece actualmente como titular de acciones debido a que este, luego de la separación con su esposa, preparó un escenario para salir de las compañías y poner acciones de las mimas a nombre de un entramado societario orquestado por Ortiz”, precisó.

Agregó que esas afirmaciones no surgen de conjeturas sino del propio Llaneza que ha presentado su declaración jurada bienes, reconociendo su propiedad lo que compromete gravemente su responsabilidad, como dice demostraron oportunamente en los escenarios correspondientes.

Aseguró que Ortiz miente cuando alega que por la inscripción de una litis sobre unos 41 terrenos de Inmobiliaria Don Juan que no fueron heredados por Llaneza, cuyos padres viven, sino adquiridos por la referida inmobiliaria a partir del 2011 de la que él es accionista y único inversionista de capital.

Aclaró que una listis judicial no impide que unas 400 familias adquieran sus viviendas, quedando evidenciado con la entrega de algunas propiedades a sus dueños.

Calificó como un falso alegato utilizado para incumplimientos contractuales, que de existir son de exclusiva responsabilidad de Llaneza poniendo en riesgo su integridad física.

Decenas de compradores y copropietarios de un proyecto habitacional de 400 viviendas denunciaron que un “atropello seudojurídico” ha paralizado por completo la entrega de los hogares, dejando a cientos de familias trabajadoras sin recibir las casas por las que han pagado con esfuerzo y sacrificio.