Monseñor Francisco Ozoria, Arzobispo Metropolitano de S. Dgo.,advirtió del peligro en nuestro país de “encaminarnos a una dictadura” por la falta de independencia de los poderes del Estado y así lo denunciaron, también, los sacerdotes a cargo del Sermón de las Siete Palabras.
Y es una advertencia más que válida, en momentos pre electorales, con el ambiente saturado de reeleccionismo y los mismos “líderes” eternamente postulándose. Además, las reacciones de funcionarios y funcionarias, adheridos al poder, las acciones de la justicia, las respuestas desubicadas y actitudes en general de la sociedad política, están en rojo.
Sin embargo, faltó reflexión introspectiva hacia la misma Iglesia Católica que se mantiene del Estado cuya administración critica. Y ahí, tiene que incluirse, porque desde 1954, goza de un tratamiento especial que incluye los derechos y prerrogativas “que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico”. Esto, a partir del Concordato, firmado entonces, por Rafael Leónidas Trujillo y Pío XII, un Convenio con pautas y normas jurídicas que rigen las relaciones entre el Estado dominicano y la Iglesia Católica.
Los 28 artículos y el Protocolo final, se refieren a los derechos y privilegios de los que gozará la I. Católica, en su condición de “religión oficial o del Estado”, por lo que, esta, recibe grandes recursos financieros, cuyo monto es bien difícil de cuantificar, por la falta de transparencia que arropa las transacciones abusivas, con desembolsos realizados desde unos 13 Ministerios del Estado que conforman parte de la administración publica, siendo los de Salud Pública, Presidencia de la República, y el de Educación los que cuentan con las mayores partidas presupuestarias.
En 2008, un grupo de Congregaciones Evangélicas, sometieron a la Suprema Corte de entonces un recurso de inconstitucionalidad contra el Concordato, porque consideraban que era injusto el trato otorgado a una sola iglesia – querían lo mismo- y fue rechazado. Sin embargo, a la luz de la Constitución de 2010, hoy, el Concordato, además de lo irracionalmente inmoral que ha sido siempre, es inconstitucional, y los artículos 6, 39, 45, por solo nombrar tres, justificarían su ilegalidad. Y eso también es parte del desorden y la corrupción del Estado dominicano.
Tampoco es válido ni aceptable, que políticos/as releccionistas y pegados al poder, insulten y descalifiquen moralmente a los sacerdotes y la iglesia en general como reacción, ni que contrarios al gobierno utilicen los comentarios de la I. Católica, como arma de ataque.
El poder arrebata. No piensa. Es dicotómico y ataca desde sus propios defectos y carencias, pero sigue emburujado.
