A título personal, el gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdez Albizu, ha sugerido que se prolongue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta junio de 2012 como forma de enviar a los agentes económicos un mensaje de garantía de que durante la campaña electoral se mantendría la estabilidad macroeconómica. El convenio propuesto a partir de febrero, cuando concluiría el vigente Stand by, sería del tipo Precautorio, que no conlleva la provisión de recursos salvo en situación de emergencia fiscal o monetaria, pero sí los estrictos estándares de disciplina en la ejecución presupuestal.

Aunque el gobernador ha dicho que el Presidente Leonel Fernández no se ha referido a la posibilidad de extender o no el acuerdo con el FMI, tal parece que con su sugerencia, el licenciado Valdez Albizu lo que procura es evitar una ruptura abrupta de ese convenio a causa de manifiestas discrepancias en torno al abordaje del sector eléctrico. Se sabe que en el equipo económico del Gobierno, al menos del lado financiero, prevalece el criterio de que sería más conveniente no concluir ese acuerdo que aceptar la imposición del Fondo de aumentar la tarifa eléctrica, pero el gobernador y los técnicos del Banco Central consideran más conveniente negociar una extensión del convenio y posponer esa discusión para después de las elecciones.

Si bien la sugerencia del gobernador de pactar la extensión del acuerdo con el FMI envía una señal de aliento a los agentes económicos sobre la prevalencia de la estabilidad económica y monetaria, hay que entender también la posición de otros funcionarios de que aumentar la tarifa eléctrica en las proporciones que exige el FMI sería una convocatoria a la ingobernabilidad política. El 2012 pinta como un año difícil para las finanzas públicas que serían severamente impactadas por el agravamiento de la crisis global, especialmente por el deterioro de la economía de Estados Unidos y de la Unión Europea, lo que afectaría los ingresos por turismo y remesas, inversión y exportación.

También se asume como válido la queja de que la economía no aguanta más restricciones del FMI, que ya ha impuesto una reducción del déficit fiscal de 3.8% al 1.6% del PIB, una reducción del financiamiento de 115 mil millones de pesos en 2009 a menos de 70 mil en 2011, así como incrementos de transferencias al sector eléctrico y al Banco Central por casi 60 mil millones de pesos.

En medio de una campaña electoral intensa y extensa, no se puede establecer con claridad qué resultaría mejor, si concluir el actual acuerdo con el FMI con vigencia hasta mediado de febrero, o romper ese nexo ahora o prolongarlo hasta junio con otra modalidad de convenio como propone el gobernador del Banco Central. Lo que debería reclamarse es que en cualquier escenario, el FMI permita que la gente respire.