El Gobierno anunció su intención de dinamizar la economía con la inyección de más de nueve mil millones de pesos en obras diversas que ayudarían a generar empleos y aumentar el circulante, aunque ese nivel de inversión no llega a los 15 mil millones del superávit alcanzado durante el primer trimestre de 2013 por vía de una drástica reducción del gasto público.
Los ministerios de Obras Públicas y de Salud recibirán las mayores partidas, unos cinco mil 300 millones, para mejoras de calles, construcción y reconstrucción de viviendas populares y edificación de cincuenta centros de atención primaria, lo que unido a los dos mil millones de pesos asignados para fortalecer las carteras crediticias del Banco Agrícola y del programa Pyme, ayudaría a incrementar empleos.
Se admite que la rápida colocación de esos recursos en el torrente financiero ayudaría a dinamizar una economía a la que se le ha colocado freno de emergencia por vía de un excesivo control del déficit fiscal, pero es menester advertir que el carro del desarrollo no podría marchar adecuadamente con intermitentes paradas o aceleración.
Se requiere que el Gobierno unifique criterio en torno al nivel de déficit fiscal que garantizaría que la economía se mantenga sobre rieles del desarrollo, sin la constante angustia de que un vuelco al desenfreno del gasto público o excesivo control del gasto coloque los indicadores económicos en bandolera o paralice las actividades productivas.
En principio se dijo que la meta sería reducir el déficit fiscal de un 6.9% a un 2.9 del Producto Interno Bruto (PIB), pero en el tramo correspondiente al primer trimestre de 2013, el control del gasto se restringió más de la cuenta, del 0,9% al 0,1% del PIB, lo que obviamente significó un frenazo de la economía.
Para poder mantener el justo equilibrio entre control del déficit fiscal y óptima inversión pública se requiere también que Gobierno y Congreso unifiquen por vía de ley la política que debería aplicarse para garantizar mayor y mejor inversión de los fondos de pensiones, hoy represados para exclusivo beneficio del sector financiero, sin que pueda operar como dinamo de la economía.
Conviene recordar que la mayor parte del déficit fiscal proyectado para 2013 la generan las obligadas transferencias presupuestales, como son las partidas para cubrir los déficits del sector eléctrico (RD$52,416 millones); cuasi fiscal del Banco Central, (RD$24,99 millones) y para servicio de la deuda pública, (90 mil millones), además de RD$32 mil millones para los ayuntamientos y RD$50 mil millones para cubrir el 4% a la educación.
La enfermedad del desajuste fiscal no es causada básicamente por un excesivo gasto público o severa restricción en la inversión, sino por una baja presión tributaria (15% del PIB), excesivo gasto tributario (120 mil millones de pesos) y las abultadas transferencias presupuestales para cubrir déficit y absurdas leyes que atan la redistribución del ingreso. Aun así, esos nueve mil millones ayudan al granero.

