SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — La Cámara de Diputados de República Dominicana aplazó el jueves el debate de una polémica propuesta presidencial para despenalizar el aborto en casos específicos debido a la falta de consenso.

Luego de que la sesión comenzó con varias horas de retraso debido a que las diferentes bancadas permanecían reunidas en privado sin llegar a consensos internos y tras la intervención de 13 legisladores en la tribuna a favor y en contra de la pieza, el presidente de la cámara, Abel Martínez, propuso aplazar la discusión para el 16 de diciembre.

Entre el público que asistió a la sesión se encontraban sacerdotes católicos y pastores evangélicos que han protagonizado manifestaciones en contra de la despenalización de cualquier forma de interrupción del embarazo.

También asistían médicos y dirigentes feministas que apoya la despenalización del aborto.

Afuera del palacio legislativo, miembros de organizaciones religiosas se manifestaban en contra del aborto y oraban para pedir que los diputados desecharan la propuesta presidencial, mientras organizaciones de derechos humanos y de feministas mostraban pancartas en demanda de que los congresistas aprueben el proyecto.

“Nosotros estamos defendiendo lo que queremos defender, los derechos humanos; el primer derecho humano es el del no nacido”, dijo la víspera el cardenal Nicolás de Jesús López.

Por su parte, el gremio de médicos, grupos feministas y organizaciones de derechos humanos también realizaron el miércoles una protesta frente al palacio legislativo para exigir que el aborto terapéutico sea despenalizado.

El gremio de médicos consideró en un documento entregado a legisladores que “obligar a una mujer a llevar a término un embarazo forzado, fruto del crimen de una violación sexual, es un acto de tortura, cruel, inhumano y degradante”, El Congreso bicameral aprobó en noviembre una reforma al Código Penal que había sido debatida durante 17 años en la que, entre otras modificaciones, incrementa de cinco a 10 años de cárcel la condena a mujeres que aborten y a los médicos que las asistan.

La reforma al Código establece que los abortos no serán considerados un delito sólo cuando respondan a un “estado de necesidad”, pero sin dar mayores detalles.

La constitución vigente desde enero del 2010 prohíbe el aborto, ya que garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

El presidente Danilo Medina se negó a promulgar la pieza y sugirió que no sean tipificados como delitos y penalizados los abortos cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la madre, sean el resultado de una violación o el feto tenga malformaciones “incompatibles con la vida”.

Aunque no existen cifras oficiales, diversas organizaciones de derechos de la mujer estiman que en el país se realizan unos 82.000 abortos cada año, la mayoría en condiciones insalubres debido a la clandestinidad.

En caso de que dos terceras partes de los diputados e igual proporción de los senadores rechacen la propuesta presidencial, la reforma del código penal será promulgada sin las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo.