Editorial Opinión

Doloroso reportaje

Doloroso reportaje

El diario español El País divulgó ayer un reportaje sobre la explotación sexual en República Dominicana, que a partir de la historia de una joven de 23 años, secuestrada y obligada a prostituirse en un tugurio de Boca Chica, pone en relieve la carencia de un marco legal eficiente para poder afrontar ese flagelo.

En ese artículo, escrito por Alejandra Agudo Lazareno, reportera especializada en derechos de las mujeres y pobreza extrema, se relata lo sucedido a una mujer abandonada por una amiga frente a un bar de Boca Chica, donde fue recluida y forzada a tener relaciones con nacionales y extranjeros.

En la investigación periodística se revela que el burdel donde se mantenía secuestrada a la infeliz mujer, junto a diez menores y seis adultas, era propiedad de un político influyente, al punto que su cierre provocó protestas de comunitarios, pese a que quedó demostrado que en ese lugar se ejercía esclavitud sexual.

Difícil resulta refutar lo dicho a la reportera por Alba Rodríguez, directora local de Save The Children, de que la explotación sexual de menores está presente en cada rincón de República Dominicana, aunque su divulgación a nivel mundial cause propia indignación y vergüenza ajena.

En ese trabajo se resalta que la ley sobre la materia, que data de 2003, requiere una demostración de fuerza, fraude o coerción para poder tipificar un delito de tráfico sexual de niños y, por lo tanto, no criminaliza las diversas formas de trata de personas o esclavitud sexual.

Esa falencia jurídica fue consignada en un informe del Departamento de Estado donde se señala que “el gobierno no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está llevando a cabo esfuerzos significativo”.

La autora del reportaje consigna que el proyecto de ley sobre Trata de Personas, Explotación y Trafico Ilícito de Migrantes fue retirado del Congreso porque según sus “detractores” abriría las puertas a indocumentados haitianos, aunque debería precisarse que el presidente Luis Abinader prometió reintroducir un texto más garantista, lo que todavía no se ha cumplido.

República Dominicana figura entre los países que aún no consolidan un régimen jurídico de prevención, persecución y castigo de la trata de personas, especialmente en la vertiente de prostitución de menores y esclavitud sexual. El doloroso reportaje del periódico El País, sirve para recordar esa tarea todavía pendiente.

El Nacional

La Voz de Todos