Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional
Santo Domingo.– La jueza del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de Andrea Engracia y José Valdez, acusados de abusar de la confianza de más de 20 personas entre los años 2012 y 2021, durante los cuales captaron más de RD$29 millones con la falsa promesa de una alta rentabilidad.
La procesada utilizó para la comisión del delito la razón social A.J. Valdez y Asociados, S.R.L., mediante la cual logró captar la suma de RD$29,280,500 ofreciendo la promesa fraudulenta de altos beneficios económicos.
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Delito financiero de RD$29 millones
La decisión fue adoptada por la jueza suplente Sofía Bruno, quien en su resolución destacó la solidez de la acusación presentada por la fiscal litigante Margaret Cabrera Morillo, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público.
La magistrada Bruno valoró de manera positiva la utilidad, pertinencia y base legal de las pruebas presentadas, rechazando los incidentes planteados por la defensa técnica de la acusada.
De acuerdo con la investigación realizada por la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, la acusada ofrecía a las víctimas un supuesto plan de negocios, proponiendo entregar sus recursos bajo el argumento de contar con una cartera de clientes a quienes prestaba dinero. A cambio, prometía una tasa de interés superior a la ofrecida por las entidades bancarias, cuyos beneficios compartiría con los inversionistas.
Acusada suscribía contratos y constancias mediante recibos
Asimismo, la acusada suscribía contratos de préstamo y entregaba constancias mediante recibos, formalizando las operaciones a nombre de la empresa A.J. Valdez y Asociados, S.R.L., recibiendo los fondos mediante transferencias y depósitos directos en las cuentas bancarias de la sociedad comercial.
Por su parte, José Valdez es acusado de cometer abuso de confianza, en violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, por conductas que afectan el ordenamiento jurídico y lesionan directamente el patrimonio de las víctimas.
