Al director de Migración se le atribuye afirmar que esa dependencia solo tiene registrados “alrededor de 31 mil” haitianos como residentes legales en el país, por lo que el estatus de la masa restante sería de indocumentados, sin que se precise la cantidad de inmigrantes ilegales.

El doctor Enrique García admite que Migración no tiene cifras sobre la inmigración haitiana y afirma que tampoco puede tenerlas la Dirección General de Estadísticas porque no podría empadronar a indocumentados.
Sobre la inmigración haitiana lo único que se sabe es que 31 mil ciudadanos de ese país residen aquí de forma legal y que diariamente ingresan centenares por cualquiera de los puntos fronterizos, una realidad que oscila entre el drama y la tragedia.

García cree que la entrega de carnés a haitianos que participan de mercados fronterizos sería un mecanismo útil para contabilizar ingreso de inmigrantes ilegales, con solo restar los que se quedan a la cantidad de los que retornan. Esa receta sería efectiva en la frontera México-Estados Unidos.

No resulta novedad lo revelado por el director de Migración de que miles de haitianos indocumentados laboran en la agropecuaria, construcción y otros sectores, sin que sus contratantes cumplan con los requisitos de ley, pero es válida su sugerencia de buscar solución al problema en conjunto con los empleadores.

La construcción de la verja perimetral, de la que el Gobierno negó esté paralizada, parece la tabla de salvación al grave problema de la inmigración descontrolada desde el otro lado de la frontera, que además disminuiría el contrabando y garantizaría la soberanía nacional.

No surte alivio la comparación que hace el director de Migración entre Haití y Ucrania, porque Europa es receptora de las migraciones ucranianas causadas por una devastadora guerra, mientras el éxodo haitiano, atizado por la miseria e inseguridad, es unidireccional.

Es escasa la voluntad política por contener la inmigración ilegal, como lo demuestra que todos los días ingresan centenares de indocumentados por la frontera, que no se cumple con la ley de contratación de mano de obra foránea y que las autoridades no saben siquiera estimar la población de residentes ilegales.