Al disponer la supresión de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), el presidente Luis Abinader elimina una duplicidad de funciones con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que enrarecía el escenario de investigación y persecución del crimen de narcotráfico.

El mandatario instruyó al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, a convocar al Consejo Superior de la Policía para dejar sin efecto la orden especial que creó la Dican, hace más de 12 años, período tintado en ocasiones por corrupción de oficiales y agentes.

Lo razonable debe ser, como lo ha dispuesto el presidente Abinader, que la DNCD asuma el control absoluto de las labores de prevenir, perseguir y someter a la justicia a quienes incurran en consumo, distribución y tráfico de drogas y sustancias controladas.

Como consecuencia de esa duplicidad o choque de funciones, fueron muchos los casos de narcotráfico en los que intervenían de manera simultánea agentes de la DNCD y de la Dican, con el agravante de que ambos bandos reclamaban tener calidad para actuar.

Es claro que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) debe ser la institución que de manera exclusiva y jerárquica aborde la prevención y persecución de los crímenes y delitos relacionados con narcotráfico, porque si así no fuera, hasta los cuerpos de bomberos podrían tener su propia agencia antidrogas.

Preocupación

Si no llegan de hoy a mañana las 25 mil dosis con las que se iniciaría el programa nacional de inoculación, entonces habrá razones para preocuparse por el retraso en la entrega o porque República Dominicana figuraría entre los países discriminados en la distribución de las vacunas contra la covid-19.

El presidente Luis Abinader anunció que durante el primer mes del 2021 arribaría ese cargamento, con el cual comenzaría la vacunación a personal médico y paramédico, pero enero ya es historia en el calendario, y son muchos los países que bregan para que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Lo mejor sería que el canciller Roberto Álvarez emita una queja pública en nombre del país y de naciones de Centroamérica y el Caribe por la clara discriminación de que son objeto en la distribución y entrega de las benditas vacunas.