En la guerra contra el terrorismo declarada a raíz de la ocupación de un canal de televisión en Guayaquil, el Gobierno de Ecuador anunció que entre los días 9 y 21 de este mes ha detenido a más de 2,500 personas y confiscado más de 20 toneladas de drogas.

El golpe a la criminalidad y la delincuencia parece una dura batalla, pero los pandilleros, lejos de replegarse, han arreciado la violencia contra el Gobierno.

El asesinato del fiscal César Suárez, quien investigaba la ocupación del canal en Guayaquil, es una señal de que se está frente a un enemigo decidido a pelear en lugar de rendirse.

La violencia en Ecuador, como indican los hechos, parece que no terminará hasta que los capos sean capturados y las pandillas desarticuladas.

El gobierno del presidente Daniel Noboa reivindica la eliminación de por lo menos 22 bandas y la liberación de decenas de rehenes confinados en prisiones.

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Ecuador ha contado hasta ahora con la solidaridad de varios países en la guerra contra el terrorismo, pero de necesitar otro tipo de ayuda hay que proporcionársela.

La violencia en la nación hay que detenerla a cualquier precio tanto por la paz y la seguridad de su población como para evitar que se propague por otros países de la región.