Con el decomiso ayer de 400 kilos de cocaína que transportaban un recién designado jefe antidroga en San Francisco de Macorís y otros integrantes de una banda internacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha infligido un duro golpe a los afanes del narcotráfico por consolidar el territorio dominicano como puerto de trasbordo de drogas a Estados Unidos y Europa.

La DNCD pudo desmantelar esa banda de narcos que integraba, entre otros, el mayor Ramón Rodríguez, quien llevaba 15 días al frente de la dotación de la DNCD en la provincia del Nordeste, con la colaboración de sus pares de Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico, por lo que puede decirse que las autoridades han desmantelado a un grupo criminal con sólidas ramificaciones foráneas.

El grupo, integrado por dos colombianos y cuatro dominicanos, acarreaba el cargamento de cocaína por la autopista Duarte en tres yipetas, una de las cuales guiaba el mayor de la Policía que según las autoridades compartía su función de jefe antinarcóticos con la de narcotraficante.

Aunque constituye motivo de preocupación ciudadana que otro oficial activo se involucre con el narcotráfico, se resalta que la DNCD ha actuado con toda drasticidad contra personal militar o policial involucrado en esa actividad criminal, lo que despeja el temor de que aquí se formen cárteles de drogas al estilo del grupo Los Zetas, de México, integrado por antiguo personal de las Fuerzas Armadas de esa nación.

A favor de la labor que realiza la DNCD y los demás organismos de lucha y prevención contra el tráfico de drogas, puede decirse que han disminuido sustancialmente los contrabandos de cocaína y reducido las trazas de aviones que lanzaban cargamento de esa sustancia en las costas Sur y Este, aunque se señala que aún llega mucha droga por vía marítima, por falta de radares para detectar embarcaciones.

El narcotráfico y crímenes conexos forman parte de la madeja de crímenes que acarrea la globalización, que hace que una infracción que se cometería en Santo Domingo o Nueva York, se planifique en Bogotá, Caracas o en cualquier otra parte del mundo, por lo que se destaca la colaboración de los Gobiernos para afrontar ese flagelo.

Como muestra de que el crimen internacional afecta la seguridad ciudadana, se señala que el caso Figueroa Agosto, relacionado con lavado de dólares, se originó en Puerto Rico; que las víctimas de la matanza de Paya fueron colombianos y que la decapitación de dos jóvenes en San Cristóbal se relaciona con un caso de tumbe de heroína mercadeada por cárteles mexicanos.

La incautación de ese lote de droga y el desmantelamiento de una banda internacional de narcos, constituyen un vigoroso triunfo de la DNCD y una contribución al sosiego público, diezmado por la globalización del crimen.