EDITORIAL: Alza salarial

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El Comité Nacional de Salarios fijó en un 14% el alza salarial para el sector privado no sectorizado, que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, con lo cual se pone fin a una larga jornada de negociaciones entre centrales sindicales y gremios patronales.
Aunque el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) considera que ese nivel de aumento excede lo que definió como propuesta realista de un 10% presentada por el sector empleador, prevalece el consenso de que el monto aprobado se sitúa entre lo ideal y lo posible.
Con el nuevo aumento, el salario mínimo más alto en el sector privado sería de $17,610, de $12,107 para empresas medianas y de $10,730 para empresas pequeñas.
En virtud de esa resolución, los trabajadores del campo devengarán 400 pesos por jornadas de diez horas y los vigilantes privados, 15 mil pesos mensuales, incrementos salariales que, obviamente, no alcanza para acceder a la canasta básica alimentaria.
Lo referido a la reclasificación de las empresas, exigida por el sector empresarial como condición previa para aprobar un alza salarial, se discutirá durante los próximos 60 días, en razón de que ese reclamo no se vincula con la aplicación de la ley que instituye revisar el salario mínimo cada dos años.
El salario mínimo en el sector privado quedó rezagado frente al sector público después de que el Gobierno decretó un aumento que involucró a todos sus servidores, por lo que el incremento anunciado ayer se recibe también como un acto de justicia.
Una posible apelación de la resolución del Comité Nacional de Salarios, además de estar condenada al fracaso, agregaría un innecesario elemento de desasosiego y discordia en las relaciones obrero-patronal, que deben sustentarse en la justicia y la equidad.
El alza de un 14% en el salario mínimo para los trabajadores del sector privado no sectorizado debería convertirse en el motor de arranque para promover aumento o reajuste de sueldos a todos los niveles empresariales, en el entendido de que resultaría altamente beneficioso para la economía y la convivencia social.