EDITORIAL: El procurador



A ojos del ciudadano común, el Ministerio Público no es más ancho ni más largo que el despacho del procurador general, que sus funciones están signadas solo por los escándalos que se replican en la prensa y redes sociales, sin darse cuenta que es una institución de gran relieve, auxiliar de la justicia y garante de la convivencia.
Por la espectacularidad de algún hecho punible, nombradía de encartados en algún expediente penal o por la gravedad del crimen infligido, la gente dirige su atención a los procuradores o fiscales que realizan la investigación correspondiente, quienes están expuestos al escarnio público si la acusación no logra encender la hoguera.
La Constitución de la República y el Código Procesal Penal asignan al Ministerio Público el compromiso de prevenir la comisión de crímenes y delitos, de perseguir a los infractores de la ley, someterlos a la justicia por vía del debido proceso, además de convertirlo en garante de los derechos de propios justiciables.
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, no es juez, sino el jefe del órgano que auxilia a los jueces a los fines de que administren sana justicia, como tampoco los dictámenes del Ministerio Público tienen la calidad de lo infalible, sino la condición de prueba de cargo presentada ante un tribunal o corte.
La ley dice lo que dice el juez que dice, no lo que dictamina el procurador o el fiscal, aunque ambas decisiones pueden ser recurridas, por lo que no es justo endilgarle al procurador general falencias o inobservancias de instancias judiciales o, incluso de funcionarios del propio Ministerio Público.
Tiene razón el magistrado Rodríguez al señalar que quizás durante tres años de trabajo, la población no perciba los cambios internos que afirma ha experimentado el Ministerio Público, con el fortalecimiento y equipamiento de sus estructuras administrativas e investigativas, lo que puede atribuirse a que en sentido general la justicia se percibe como circo y teatro.
No todo el mundo sabe el alcance de acciones citadas por el procurador general, como la corrección de distorsiones salariales, falta de programas y una gran cantidad de duplicidad de funciones, así como la entrega de 14 nuevas fiscalías y el proyecto de renovación de otras 30 en la región norte, entre otras que contribuyen a la dignificación de esa institución.
El procurador Jean Alain Rodríguez tiene el compromiso de actuar con absoluto apego al derecho, a la Constitución, a los códigos y a las leyes, en el entendido de que no es ni puede ser morocota de oro, para caerle bien a mansos y cimarrones, con solo hacer bien su trabajo, y procurar que sus subalternos hagan el suyo, será merecedor del reconocimiento público.