La muerte por ahogamiento de ocho haitianos de 16 que viajaban en un carro que se precipitó ayer a un canal de riego en la comunidad Barrero Adentro, en Navarrete, desnuda el drama de la inmigración ilegal desde la frontera convertida en provechoso negocio de trata de indocumentados.
El vehículo que transportaba a esos inmigrantes tenía capacidad para albergar a cinco o seis pasajeros, pero viajó desde Dajabón hacia La Canela, Santiago, con 17 personas, incluido el chofer, único dominicano, convertido en la novena víctima.
Sobrevivientes explicaron que el conductor del vehículo recorrió el trayecto a través de vías secundarias y caminos alternos con la intención de evadir los retenes militares colocados a la entrada de todos los municipios de la Línea Noroeste, pero que al pretender tomar una curva a gran velocidad, cayó al canal Ulises Francisco Espaillat.
Dicen que los 16 indocumentados, que viajaban unos encima de otros y varios dentro del baúl del carro, pagaron entre mil y mil 500 pesos para ser transportados hacia Santiago, donde serían contratados para trabajar en plantaciones agrícolas, lo que tipifica el cotidiano crimen de trata de personas.
Desde la frontera oeste hacia el Cibao operan bandas de traficantes de indocumentados en todo tipo de vehículos que se las ingenian para burlar puestos de chequeos o que quizás cuenten con algún tipo de complicidad, cuestión que corresponde investigar a las autoridades.
Esa tragedia, provocada por la extravagancia de albergar a 16 indocumentados en un vehículo con capacidad para cinco o seis personas y conducir a gran velocidad con la intención de evadir la ley, obliga al Ministerio Público, Dirección de Migración y mandos militares a procurar desmantelar redes y rutas de tratantes de inmigrantes ilegales.
La grave crisis política y social que abate a Haití debería motivar a autoridades dominicanas a ampliar e intensificar la vigilancia a lo largo de los más de 390 kilómetros lineales de frontera a los fines de garantizar un efectivo control migratorio.
Ese trágico suceso representa la punta del iceberg de lo que puede ser una enorme red de traficantes de indocumentados haitianos que ya se extiende por todo el territorio nacional, posiblemente con el concurso o complicidad de alguna autoridad civil o militar.
