Ninguna nación, por poderosa que sea, tiene derecho para juzgar o sancionar de manera unilateral a otro Estado, potestad que el derecho internacional otorga a organismos multilaterales, cuyas decisiones deben estar basadas en el principio de soberanía, autodeterminación e igualdad entre los países.
Estados Unidos se ha erigido en tribunal supremo universal que absuelve o condena a su mejor parecer al resto de las naciones en materias tan diversas como derechos humanos, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, armamentismo, comercio, tráfico de personas o cualquier otro crimen o delito.
Lo peor es que Washington no acepta ser cuestionado, juzgado o sancionado por ninguno de los organismos o tribunales internacionales legítimamente instituidos como Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos u Organización de Estados Americanos (OEA).
El Departamento de Estado se arroga poder para emitir informes unilaterales sobre tutela y ejercicio de derechos fundamentales en todo el mundo, claro, menos en Estados Unidos, donde violaciones a prerrogativas ciudadanas no pueden ser objeto de consideración, crítica o sanción por ninguna nación u órgano multilateral.
Es por eso que se reputan como inaceptables por carecer de legitimidad las consideraciones o juicio de valor contenido en un informe de Washington en el que se acusa al Gobierno de limitar la libertad de prensa, promover tortura y ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos.
Corresponde a instituciones jurídicas constitucionales juzgar o sancionar denuncias sobre violaciones a derechos individuales, colectivos o difusos perpetrados por poderes públicos o fácticos y, en casos extremos a organismos multilaterales, regionales o mundiales, pero nunca puede aceptarse que Estados Unidos se arrogue el rol de ombligo del mundo.
No se discute si lo que se señala en ese informe se corresponde con la verdad o si su contenido podría estar sesgado por algún interés o represalia de carácter político; lo que se objeta es la clara intención imperial de drenar el principio de soberanía que debe enarbolar una nación como República Dominicana.
Aunque dispone de poder económico, político y militar, Estados Unidos carece de autoridad moral y jurídica para juzgar al mundo sobre temas de derechos humanos porque su gobierno no acepta ni reconoce jurisdicción a tribunales internacionales que sí tienen derecho o potestad para juzgar y sancionar esos tipos de crímenes.
