La Dirección de Impuestos Internos anunció una ofensiva administrativa y tecnológica que procura reducir la alta tasa de evasión en la producción, importación y venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos, que la administración fiscal estima en más de un 40%.
La gestión tributaria de esos sectores estará sustentada en la aplicación un sistema de control y trazabilidad con el cual se espera un aumento en las recaudaciones entre 3,500 y 4,500 millones de pesos, con lo cual la evasión en esos renglones se reduciría hasta un ocho por ciento.
Llama la atención que con la sola aplicación de un sistema tecnológico, el Estado aumentaría hasta $4,500 millones adicionales en recaudaciones tributarias a cigarrillos y alcoholes, lo que también ofrece una idea del altísimo nivel de evasión fiscal que prevalece en la economía dominicana.
Se ha dicho que el nivel de recaudación fiscal sería de un 15% en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), una de las más bajas en América Latina, cuyo promedio ronda el 20%, aunque se resalta que se ha incrementado casi dos puntos porcentuales a través de una más eficiente administración tributaria.
Lo deseable sería que Gobierno, clase política y sector productivo impulsen una reforma fiscal integral que repare distorsiones y garantice un incremento de la presión tributaria de al menos en un 3% con relación al PIB, sin afectar significativamente a la clase media ni a los sectores de menores ingresos.
Es claro que en cualquier escenario el Gobierno está compelido a combatir la evasión y elusión fiscal que en términos generales ronda el 40%, que significa miles de millones de pesos que no ingresan al fisco, además de afectar la competitividad industrial y comercial.
El instrumento tecnológico que se empleará para fiscalizar la trazabilidad en la producción, importación, comercialización y consumo de cigarros y alcoholes representa una buena señal de eficiencia tributaria que debería ser aplicada en otros escenarios con alto índice de evasión impositiva.
A lo que se aspira es a un régimen tributario justo y efectivo, cuyos recursos generados se empleen para impulsar políticas públicas que promuevan crecimiento y desarrollo, por lo que la sociedad debe alentar el combate contra la evasión y elusión fiscal con el mismo ímpetu con el que se condena el dispendio y la prevaricación.
