Editorial

El arreglo

El arreglo

Este es el día y la hora cuando todavía el Ministerio Público no ha explicado el contenido o alcance  del controvertido acuerdo de reducción de condena a que  arribó en 2011 con la prevenida Sobeida Félix Morel  a cambio de convertirse en testigo de cargo  contra otros implicados en el caso Figueroa Agosto.

Sin que la ciudadanía haya sido enterada oficialmente del contenido de ese arreglo, que supone el compromiso de dictaminar en favor de la libertad condicional de Sobeida Félix, la fiscal del Distrito afirma que la imputada no cumplió con lo acordado.

Se ha dicho que como parte de ese convenio,  concertado con arreglo a la ley, la prevenida declaró contra otros involucrados en el expediente sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico y reveló nombres y  situaciones sobre nexos entre  el capo José David Figueroa Agosto con militares y civiles.

El procurador general, doctor Francisco Domínguez Brito, ha puesto  la cuerda en mayor tensión  al señalar  que afloran  nuevos elementos  en la investigación  sobre la red criminal de ese narco encerrado en una cárcel de Estados Unidos, sin que se sepa si tales datos proceden de lo dicho por Sobeida como parte  del mentado  acuerdo con la Fiscalía.

Resulta que  el  doctor Domínguez Brito considera que  el  arreglo arribado  por el fiscal del Distrito con la señora Félix Morel no es oponible a la Procuraduría, como si el Ministerio Publico  pudiera convenientemente dividirse en mil pedazos y dejar de ser un ente único e indivisible.

Uno de los fiscales que instruyó la acusación contra Félix Morel y compartes, ha señalado que el acuerdo con la justiciable debe ser acatado, aunque admite que sin el consentimiento del Ministerio Publico no sería posible que un juez reduzca la pena impuesta a la imputada en razón de que no cumple con  lo  dispuesto  en el  artículo 34 del Código Procesal Penal.

No sería de provecho para la consolidación del anhelado estado de derecho que el Ministerio Público persista en  actuar  sobre bases caprichosas, desdecirse a sí mismo, o  destruir la unidad institucional y jurídica que sustentan sus dictámenes.

Lo menos que la sociedad debe reclamar de fiscales y procuradores es que expliquen la naturaleza y alcance del acuerdo arribado con esa imputada y que  por la sanidad de la propia justicia cumpla cabalmente los compromisos suscritos.

El Nacional

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