Ante el estercolero que ha representado el vil y cobarde desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), comparable a un crimen de lesa humanidad por las repercusiones no solo económicas sino sociales que entraña, en tanto es un claro atentado contra la salud y vida humanas, cabe preguntarnos si este era un caso previsible o no.

En efecto, junto al más ejemplar de los castigos que ese robo amerita, pienso que como sociedad debiéramos aprovechar el momento para renunciar a nuestra clásica capacidad de olvido –muchas veces inducida adrede por diversos mecanismos públicos y privados– y solicitar una real y amplia investigación que se extienda a aquellos denunciados ‘supuestos’ desfalcos en la Seguridad Social de 2012 y 2007, que según algunos sectores implicaron montos económicos mucho mayores a la ya escandalosa cifra del caso actual, pero que “silenciaron” no tan solo en el propio Senasa sino en los fondos de pensiones y de riesgos laborales, en lo que parece ser un entramado mafioso bien cimentado por espacio de dos décadas…

“Para todo corrompido, un corruptor”, reza el dicho … Esos esquemas de desfalcos parecen haber encontrado apoyo en diversas resoluciones que desde estamentos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) se llegaron a emitir, desde sus orígenes, en flagrante violación al espíritu del legislador y de la Ley 87-01 que lo creó, el 9 de mayo de 2001. De hecho, como se colige de recientes artículos de Claudio Camaño hijo, el contubernio entre ciertos empresarios de la salud y funcionarios públicos durante estos últimos veinticinco (25) años facilitó el escenario para que Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas escalaran sus negocios con asegurados del sector público, violando un ámbito de responsabilidad exclusiva del Senasa, pues el párrafo I del artículo 31 de la precitada ley establece claramente que el Senasa: “… tendrá a su cargo: a) Todos los empleados públicos y las instituciones autónomas o descentralizadas y sus familiares.

Por: Cesáreo Guillermo Veloz
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