El director de Jubilaciones reveló ayer que en esa institución se acumulan desde hace once años más de 15 mil expedientes de pensiones cuyos beneficiarios no han reclamado, en vez de admitir que esa institución no ha encaminado ninguna diligencia para entregarlas.

El señor Juan Rosa encontró un camino fácil para comunicar a esos 15 mil 18 ciudadanos que ignoran que sus solicitudes de jubilación fueron aprobadas desde 2011, al informar que pueden acceder a la página web de ese organismo “para verificar si sus nombres se encuentran en esa lista”.

Se supone que los ciudadanos que presentaron documentación para optar por una pensión tienen registrados en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones sus generales de ley, por lo que llora ante la presencia de Dios que por negligencia no reciban durante años esos beneficios legítimos.

El señor Rosa informó que a diciembre del año pasado, el presidente Luis Abinader había otorgado 15 mil 49 pensiones solidarias de seis mil pesos a personas de muy escasos recursos económicos, por lo que sería oportuno preguntar si esos infelices correrían con la misma suerte del olvido.

Son muchos los empleados y trabajadores ya retirados que no han logrado acceder a la pensión derivada de sus aportes a la seguridad social por negligencia, inobservancia o indiferencia de la Dirección General de Pensiones, dependiente del Ministerio de Hacienda.

¿Cómo es posible que las autoridades admitan que más de 15 mil ciudadanos no reciben desde hace años sus pensiones “porque no las han reclamado? ¿Acaso esa dependencia no dispone del instrumental para notificar a los beneficiarios lo relacionado con el disfrute de ese derecho?.

Falta saber cuáles mecanismos utiliza esa Dirección de Pensiones para viabilizar solicitudes de aportantes que desean su traspaso desde la capitalización individual al sistema de reparto, lo que tampoco luce muy efectivo toda vez que el año pasado solo 900 personas fueron pensionadas con esa modalidad.

El Estado debe garantizar elevados estándares de organización, diligencia y eficiencia en los servicios que brinda a la ciudadanía, aspiración que dista mucho de lograrse cuando se admite que desde 2011, más de 15 mil personas no reciben sus pensiones porque no han sido notificadas por las autoridades.