El pacto eléctrico

En su discurso de toma de posesión en agosto del 2012, Danilo Medina se comprometió a impulsar lo que denominó un pacto por la electricidad.

Hasta ahora, un año y medio después, dicho pacto solo ha sido una promesa que se repite.

Sin embargo, la reciente licitación de las dos plantas a carbón y los esfuerzos de inversión en las empresas distribuidoras, entre otras acciones, muestran a un gobierno decidido a enfrentar la problemática eléctrica, pero sin acompañantes, solo, sin compromisos formales con los empresarios, consumidores ni partidos políticos.

¿Por qué Danilo propone y rehúye a la vez al pacto eléctrico?

Veamos algunas posibles razones. El Gobierno sabe que las inversiones necesarias en generación, transmisión y distribución son extraordinarias y permanentes porque la demanda de electricidad nunca para de crecer, y las redes, transformadores, medidores y las plantas se deterioran y colapsan. Muy pocos países pueden sostener el ritmo de inversión en infraestructuras eléctricas solo con fondos del Estado. Esa es una razón para concertar.

Pero, el Gobierno sabe también que los empresarios le plantearan que el régimen de tarifas vigente es un desorden insostenible y que su superación requerirá redefinir la política de subsidios a los pobres y la aplicación de la tarifa técnica, y ambas medidas tendrán repercusiones inmediatas en la subida o bajada de las facturas finales de todos los sectores sociales, así como en la operación y sostenibilidad financiera de las distribuidoras.

Ademas, los empresarios podrían plantearle la renegociación de los contratos del Acuerdo de Madrid que vencen en el 2016, para prolongarlos en condiciones iguales o mejoradas, pero garantizándoles una parte sustancial del mercado de generación sin tener que competir en una licitación abierta como estipula la Ley 125-01.

El Gobierno sabe que le pedirán la eliminación de las botellas en las empresas públicas del sector y que han servido para el clientelismo electoral. Ese despilfarro forma parte del déficit anual y es un enemigo de la institucionalidad y un cuco para los inversores privados.

Esas y otras razones han hecho del pacto un simple discurso…todavía.

Antonio Almonte