Gobierno y productores avícolas arribaron a un acuerdo en procura de reducir el precio del pollo que llegó a incrementar su precio en más de un 50 por ciento al subir de 50 a 80 pesos la libra, lo que se atribuye a una combinación de alzas en los insumos y a burda especulación.

Mediante ese convenio, rubricado durante un encuentro que el presidente Luis Abinader sostuvo en Moca con representantes de empresas y asociaciones de avicultores, se establece que productores venderán cuatro millones de pollos a 50 pesos la libra, a través del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).

Inespre se comprometió también a ejecutar un programa de ventas de pollo entero de cuatro libras a 125 pesos la unidad, a través de bodegas móviles, locales propios y del Ministerio de Agricultura, así como la colocación de contenedores refrigerados en lugares seleccionados.

Los productores atribuyen el aumento de precio de la carne blanca al incremento en precios internacionales de insumos de la industria avícola, como maíz, sorgo, trigo, así como los costos de medicamentos, transporte y energía eléctrica, aunque también se incluye la especulación de que es objeto el producto en los diferentes tramos de la comercialización.

Ante las perspectivas de precios altos en los insumos avícolas, autoridades y productores acordaron establecer una reserva estratégica de dos millones de libras de pollo para garantizar estabilidad en suministro y precios a través de un programa de pignoración cuyo costo asumirá el Ministerio de Agricultura.

Ese acuerdo con productores de pollo debe extenderse a productores de huevos, otro alimento esencial que ha experimentado alza superior a un 30%, por lo que se requiere que granjeros e intermediarios reduzcan sus altos niveles de utilidades en beneficio de los consumidores.

Se resalta como muy oportuna la ofensiva que realizan el Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola e Inespre para consensuar con productores agrícolas y pecuarios fórmulas de asistencia técnica que garanticen planificación de siembras, cosechas y comercialización de rubros básicos, como ha ocurrido con los productores de papas y hortalizas de Constanza.

Queda claro que la garantía de la seguridad alimentaria está por encima de cualquier consideración, más aun en tan acuciantes tiempos de pandemia y afectación económica, cuando por causa de la covid-19, se presagia inusitado incremento de la pobreza y la marginalidad.