POR: Hugo A. Ysalguez

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Con una notoria precariedad en la delicada labor de administrar justicia y una acentuada deficiencia en los servicios que se ofrecen a los usuarios del sistema, el próximo día 7 de enero se celebra el Día del Poder Judicial, cuya celebración principal consiste en una audiencia solemne de la Suprema Corte de Justicia, presidida por su presidente, el doctor Mariano Germán.

El acto reinicia formalmente las actividades judiciales del año próximo. El magistrado Germán rinde memoria del ejercicio del máximo tribunal y allí concurren los jueces de los tribunales inferiores, los miembros del Ministerio Público y los abogados en ejercicio. Sin un presupuesto adecuado, la Suprema Corte limita su capacidad de trabajo, lo cual se refleja en los tribunales inferiores que trabajan sin los instrumentos necesarios para impartir una justicia ágil, eficaz, de fácil acceso para quienes requieren sus servicios.

Por ejemplo, en la Jurisdicción Inmobiliaria, los problemas se agravan cada día más y los jueces de los tribunales de tierras evacuan tardíamente sentencias de los expedientes que conocen. La ley establece que los magistrados de esa área judicial tienen dos meses para emitir su veredicto luego que un expediente se mantiene en estado de fallo.

Los Registradores de Títulos, a nivel nacional, afrontan circunstancias adversas para suministrar con prontitud, transferencias de los actos de ventas de los inmuebles, certificaciones sobre el estado jurídico de las propiedades, inscripciones y radicaciones de hipotecas.
Tanto en la capital como en el interior del país, hay jueces que no tienen abogados ayudantes para formular proyectos de sentencias que faciliten el trabajo de los magistrados del orden judicial, y así evitar una justicia tardía. Realmente, se vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos de tener acceso a un Poder Judicial funcional con capacidad presupuestaria, cuando se desconocen los artículos 69, 73, 93.H y 149 párrafo I de la Constitución, basado en el desconocimiento de las garantías debidas a una justicia ausente de una significativa asignación económica.