El Consejo de Ministros aprobó dentro del plazo el Presupuesto y Ley de Gastos Públicos correspondiente al 2012 que ascendería a 430 mil millones de pesos, superior en 40 mil millones al que se ejecuta este año y que consigna una partida a educación equivalente al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y sólo 300 millones de dólares en subsidio al sector eléctrico.

El componente de financiamiento en ese estimado presupuestal asciende a 78 mil millones de pesos, inferior en más de 20 mil millones a lo estipulado en la ejecución actual que es de más de cien mil millones, mientras que el servicio de la deuda externa fue fijado en 55 mil millones, en comparación con los 63 mil de este año.

Aunque el monto apartado a la educación, de 66 mil 768 millones de pesos, supera en más de 20 mil millones al que se ejecuta este año, amplios sectores de la sociedad censuran que el Gobierno de nuevo incumpla el mandato de ley que fija en un cuatro por ciento del PIB la partida a ese sector, que serían casi cien mil millones.

A riesgo de ser lanzado a la hoguera, se insiste en advertir que el reclamo sobre el 4% debería estar acompañado de una decidida exigencia al Gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil para que se pacte la ejecución de un programa a largo plazo que signifique garantía real de calidad de la enseñanza. Lo otro sería dinero en saco roto.

Llama la atención que la partida asignada a la Presidencia de la República, ascendente a 44 mil 300 millones, fue elevada en casi un 25 por ciento con relación a 2011, lo que hace sospechar que tal distinción tenga conexión con la temporada electoral.

Falta saber si la Junta Central Electoral puede cumplir cabalmente su cometido de organizar elecciones limpias y concurridas con la mesada de cuatro mil 454 millones que se le otorga en el proyecto de ley de Presupuesto, que conlleva un incremento de un 44.7 por ciento.

Aunque el Gobierno sostiene que la forma en que ha sido diseñado ese proyecto de ingreso y gasto se garantiza control fiscal, se resalta el riesgo que significa consignar sólo US$300 millones como transferencia para amortiguar déficits del sector eléctrico, pues en los últimos años, ese subsidio ha sido superior a los 750 millones de dólares.

No es mucho lo que un Congreso de mayoría oficial hará en términos de modificación de ese proyecto de Presupuesto, pero hay que esperar algún escarceo en procura de su modificación, aun sea para guardar las apariencias.