El presidente Luis Abinader interpreta el sentir de una acongojada sociedad por la tragedia acaecida en la discoteca Jet Set, al afirmar que “ahora hay que dar respuestas a qué pasó, por qué pasó y cómo pasó”, responsabilidad que será confiada a un equipo de expertos nacionales e internacionales.

Concluida la labor de rescate y salvamento, con fatídico saldo de al menos 226 muertos y 189 sobrevivientes, queda ahora buscar respuestas a las causas que provocaron esa tragedia, con el compromiso de despejar toda duda razonable, de manera que los resultados disipen legítima desconfianza ciudadana.

En ningún modo esas indagaciones deben sustentarse en tempranas cacerías de brujas, pero tampoco en deducciones predeterminadas, porque de lo que se trata es de arribar a resultados irrefutable basados en comprobaciones científicas y forenses.

El Gobierno debe acoger la oferta de la Academia de Ciencias que ofrece integrar a la comisión investigadora un grupo de sus expertos, como también las autoridades deberían requerir asistencia técnica proveniente de otros países con experiencia en el abordaje de tragedias como la acontecida el 8 de abril.

Se requiere precisar que esa investigación oficial no tendría conexión vinculante con el ámbito jurídico a menos que sea dirigida por el Ministerio Público, instancia independiente del Poder Ejecutivo, aunque sus resultados tendrían validez como prueba accesoria en ámbitos penales y civiles.

El inmenso dolor acumulado por las pérdidas de centenares de vida no alcanza para inhabilitar el manto constitucional de la presunción de inocencia que en todos los actos del procedimiento cubre a personas físicas y jurídicas, aunque es posible hurgar responsabilidades relacionadas con negligencia o inobservancia.

Las investigaciones en torno a tan infausto suceso deben partir desde cero con la mente en blanco y en la conciencia el compromiso de que se alcance la verdad irrefutable, sin ningún vestigio de discriminación ni privilegio, como los que en otros infortunios han embardunado de oscuridad pesquisas pre fabricadas.

Que ningún interés personal, político o corporativo se coloque por encima de la ley ni perturbe la proclama presidencial de que “ahora hay que dar respuesta a qué pasó, por qué pasó y cómo paso”, más aún porque ese es el reclamo de una sociedad profundamente adolorida.