Gobierno y Barrick Gold arribaron ayer a un acuerdo preliminar para modificar el contrato de explotación de la mina Pueblo Viejo, que en principio puede ser calificado de satisfactorio porque el Estado incrementa su participación en las utilidades que generan la extracción y exportación del oro y plata de esa mina, principalmente por vía de un impuesto que entrará en vigencia de inmediato, en vez del 2019, como estaba previsto en el convenio anterior.

Antes de ese acuerdo, la administración del presidente Danilo Medina tenía en cuatro años apenas 377.4 millones de dólares, equivalentes a un 4.5 por ciento de los ingresos brutos por exportación, calculados a US$1,600 la onza, pero al concluir las negociaciones los ingresos ascenderán a US$2,200 millones, casi seis veces más.

Se reconoce como un logro del equipo negociador que los ejecutivos de Barrick acepten iniciar el pago de inmediato del Impuesto sobre Participación de Utilidades (PUN), que representa un incremento en los ingresos del Gobierno de mil 283 millones de dólares, sobre cálculo de mil 600 dólares la onza de oro.

Aunque los términos del acuerdo incluido en el Memorándum de Entendimiento estipulan que durante la vida útil de la mina el Gobierno recibirá unos once mil 600 millones, en vez de los US$11,000, previstos en principio, el logro mayor radica en que la gestión del presidente Medina (2013-2016) percibirá unos dos mil 200 millones de dólares, en vez de US$377.4 contemplados en el contrato revisado.

Aun así, Barrick obtendría en los próximos cuatro años utilidades por US$8,386.8 millones por exportaciones de oro de Pueblo Viejo, a un precio promedio de mil 600 dólares la onza, lo que explica el interés que a última hora mostró esa multinacional por arribar a un acuerdo con el Gobierno, porque lo demasiado hasta Dios lo ve.

Corresponde a técnicos y políticos valorar el alcance real del acuerdo de renegociación de ese contrato con Barrick Gold, pero a favor del Gobierno debería subrayarse que logró incrementar en casi seis veces su participación sobre utilidades en la operación de la mina para los próximos cuatro años sin afectar la garantía que debe ofrecer el país a la inversión extranjera.

Ese convenio -que supone un incremento en los ingresos del Gobierno por mil 600 millones durante la vida útil de la mina, también garantiza la permanencia de una inversión de más de cuatro mil millones de dólares y las expectativas de empleo, transferencia tecnológica y otros valores agregados sobre la economía.

Es posible que la población aspirara a un resultado de mejor provecho que el anunciado por el Gobierno al término de tan difíciles y cruentas negociaciones con la multinacional adjudicataria del derecho de explotación de Pueblo Viejo, pero lo logrado se acerca al punto medio de que habló el presidente Medina. No fue lo ideal, pero sí lo posible.