Los organismos de regulación independientes son agentes con personalidad jurídica, facultados para la ordenación sectorial, no general, cuyas operaciones no dependen del Estado.

La Constitución, en su artículo 50.2, da la potestad al Estado para dictar medidas para regular la economía, promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país. Y en su articulo 147.3 expresa que, aunque la regulación de los servicios públicos es facultad exclusiva del Estado, la ley podrá establecer que la regulación de estos servicios y de otras actividades económicas se encuentren a cargo de organismos para tales fines.

El Estado asume la responsabilidad en un cuadro de regulación donde se puedan desarrollar los agentes económicos para su participación en un mercado libre, competencia económica y condiciones de igualdad (fair play).
Los actores públicos pueden tener diferentes incentivos. Los funcionarios pueden nombrar en entes reguladores dependientes sin aviso debido para ceder los proyectos en curso y la nueva cabeza usualmente no termina lo iniciado por su antecesor por conflicto de intereses.

Los reguladores trabajan entre otras cosas para garantizar mercados estables y competitivos a corto, mediano y largo plazo. La implicación practica es que los intereses divergentes, en ocasiones, ponen presión a los reguladores y allanan el camino a los intentos de ejercer influencias indebidas en las decisiones de los regulados al afectar, por ejemplo, sus aptitudes y recursos para actuar y a la vez tener dirección de estas bajo especialistas en la materia.

El doctor Eduardo Jorge Prats señaló, con razón, que la regulación a través de la independencia es la necesidad de la especialización que requieren los sectores altamente dependientes e influenciados por nuevas tecnologías. Es importante concretar las potestades reguladoras en un solo órgano que reglamente, administre y juzgue las controversias y asegure su neutralidad reguladora.

Hay un criterio creciente en que los organismos reguladores y supervisores deben ser independientes y no formar parte de la jerarquía del poder ejecutivo. Teóricamente cuando son independientes, los reguladores pueden intervenir en el mercado a resguardo de cualquier interferencia política; de esa manera se logra mayor transparencia, estabilidad y pericia para la regulación y supervisión. De hecho, hay cada vez mas pruebas de que la independencia de los reguladores acrecienta la eficacia de la regulación, da lugar al desarrollo de mercados mas eficaces y eficientes.

Así mismo los reguladores independientes tienen el derecho de establecer estas reglas y se sienten motivados en hacerlas cumplir. Si no tienen que someterse a un proceso político largo y sujeto a fuertes presiones, podrían adaptarse las reglas más rápida y flexiblemente en respuesta a las circunstancias cambiantes del mercado mundial.
Es de vital importancia considerar si la regulación en la administración pública puede lograr ser efectivo en los servicios económicos que ofrece.

Por: Luis Pérez Fondeur

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