El impuesto selectivo al consumo en nuestro país opera como un agregado al ITBIS que crea una carga impositiva adicional sobre un bien en específico, efectivamente castigando su consumo. Que el consumo de bienes como el alcohol y el cigarrillo estén afectados por una carga impositiva superior a los demás bienes de la economía es razonable, dado al daño que provocan a la salud de las personas y la presión económica que pueden establecer en todo el sistema de salud, es un comportamiento que se debe desincentivar. Sin embargo, que servicios tales como las telecomunicaciones y los seguros estén afectados por este impuesto por virtud de que hace unas décadas atrás algún burócrata les vio como gallinitas de los huevos de oro es un absurdo, que no solo perjudica a los usuarios y las empresas que los proveen, sino que imponen trabas absurdas al desarrollo de nuestro país.

Que un país en el mismo medio de la ruta de huracanes y ubicado arriba de 3 placas tectónicas de manera agregada cobre un impuesto de 34% (ITBIS + ISC) sobre los servicios de seguros es digno de chistes y burlas. Pero ya raya en tragicomedia cuando ese mismo país es considerado como el que tiene las calles, avenidas y carreteras más peligrosas del mundo, donde una de las mayores causas de muerte son los accidentes de tránsito.

La República Dominicana es un país con alta propensión a fenómenos naturales catastróficos y accidentes de todo tipo dada a su pobre infraestructura, es incomprensible como el Estado a través de una política fiscal absurda castiga el esfuerzo privado de protegerse de esos fenómenos y eventos, al mismo tiempo que siempre es el llamado a pagar por si solo la alta factura cuando viviendas o infraestructura no asegurada queda destruida, o cuando se llenan los hospitales de accidentados.

Más extraño resulta el castigo al consumo de las telecomunicaciones. Para todo el que no ha estado viviendo en una cueva en los últimos 20 años debe ser muy evidente que en el Siglo XXI las telecomunicaciones han dejado de ser un lujo y hoy son más una necesidad tan básica como la energía y el agua. De hecho el mismo Estado ha reconocido su importancia promoviendo el uso del internet en las escuelas para, desde su punto de vista, “modernizar la educación”.

Pero es impresionante que sea el mismo Estado que busca que sus ciudadanos tengan acceso a más conocimiento, que promueve el Gobierno Electrónico, que desea proveer más transparencia a través de sus portales de internet y que busca ofrecer más espacios de comunicación con la ciudadanía para crear más “transparencia”, el mismo que castiga a todos los ciudadanos que tratan de hacer justo eso con un impuesto agregado de 30% (ITBIS + ISC + aporte al “desarrollo de las telecomunicaciones”) para acceder a ello.

Es tiempo de replantearse los impuestos selectivos al consumo y enfocarlos a lo que son, un desincentivo hacia comportamientos de consumo que se entiendan perjudiciales, no para exprimir supuestas gallinas de oro en detrimento del mismo país.