El martes 5 de abril o se celebró el Día del Periodista, una fecha instituida desde 1962 por Decreto-Ley 5807 del Consejo de Estado para conmemorar la salida a la luz en 1821 del periódico “El Telégrafo Constitucional”.
Se trataba de un semanario que dirigía el académico Antonio María Pineda, que se dedicó durante ese año a la publicación de “decretos, disposiciones de los ayuntamientos, de las diputaciones, la actividad del comercio y operaciones navales”.

La vida de esa publicación de la parte Este de isla fue efímera, pero plantó las semillas de nuestro periodismo.
Hoy, 60 años después de aquel decreto-ley de conmemoración que se dictó a raíz de la caída de la dictadura de Rafael L. Trujillo, la prensa dominicana ha sido uno de los pilares de la consolidación de las libertades públicas y de la democracia.

Como expresó el presidente de la Junta Central Electoral en uno de los actos que se realizaron para la efeméride, ese proceso no ha estado exento de sacrificios institucionales y personales, que han conllevado el asesinato de periodistas como Orlando Martínez y Gregorio García Castro, así como presiones de sectores de poder que usan la ley y la justicia para acallar voces.

Sin embargo, podemos afirmar que las libertades públicas y la democracia han sido las vencedoras en este largo trayecto.

En el horizonte, las nuevas amenazas y oportunidades provienen del cambio de paradigma que representa para el periodismo y la libertad de expresión el Internet y las redes sociales.

Es un hecho incontrovertido que la potencia de difusión de Internet y su capacidad intrusiva ponen al servicio de las personas, los Estados y las grandes empresas un dossier de información sin precedentes sobre las relaciones sociales y la vida privada de las personas, con consecuencias que no solamente tienen repercusiones en el presente, sino también futuras, por la enorme capacidad de almacenamiento de los soportes digitales.

El Tribunal Constitucional ha sostenido en su sentencia TC/0092/19 que las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda exteriorizar su pensamiento y recibir opiniones e informaciones, lo cual ha motivado que el discurso político deje de ser dirigido por el Estado o por los profesionales de la comunicación a través de los medios tradicionales, provocando una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta.

La actual perspectiva nos plantea dos desafíos jurídicos al momento de regular la libertad de expresión las redes sociales: i) cómo preservar la democratización del debate público que han generado las redes sociales y, ii) ¿cómo afrontar la difusión de contenidos que pueden atentar contra los derechos fundamentales y contra el orden social?