En su informe anual sobre la corrupción en República Dominicana, el Tío Sam ha sido injusto con el Gobierno del presidente Luis Abinader en la lucha contra esa desgracia, a causa de la cual la nación ha perdido el horizonte de un verdadero desarrollo social, político y económico. Si bien es cierto que en la presente gestión el único caso que ha llegado a los tribunales es el escándalo de la Lotería, por el cual se destituyó al administrador Luis Dicent, hay que reconocer que esta administración no ha encubierto, sino que ha actuado con transparencia frente a las irregularidades que se han denunciado.

A manera de ilustración están las destituciones de Kimberly Taveras, ingeniera química, empresaria y dirigente del PRM, como ministra de la Juventud por una supuesta incompatibilidad en su patrimonio. Su sustituta en el cargo también fue cancelada por denuncias de alegado tráfico de influencia en una licitación que ella anuló para que el proceso se efectuara con el más estricto apego a las normas. Otros casos en que el Gobierno no esperó para actuar fueron el revuelo que surgió con un concurso en el Inposdom y las denuncias de irregularidades en licitaciones en el Inabie. A esta gestión también se tiene que reconocer la facilidad propiciada para que se investigue a dirigentes, funcionarios y legisladores de su partido sobre actividades ilícitas.

Además de esas acciones el Tío debe reconocer que si no ha habido más avances en la persecución de la corrupción ha sido, en gran medida, porque el Ministerio Público, a pesar de tener una jefa con la integridad y competencia de Miriam Germán Brito, ha dejado mucho que desear.

No hay que entrar en mayores detalles, pues muchos son hartos conocidos. No se concibe, por ejemplo, que a estas alturas nada se sepa sobre los casi 55 millones de dólares en sobornos que según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación encubrió Odebrecht para la construcción de Punta Catalina y otras siete obras no incluidas en el expediente instrumentado por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, preso por el caso Medusa. Pero tampoco que no se haya movido una paja para aclarar los aportes ilícitos a partidos y candidatos (unos 10 millones de dólares) admitidos por la empresa para las elecciones de 2006.

En lugar de cuestionar, el Tío ha debido reconocer que bajo la gestión de Abinader, un gobernante respetuoso de la independencia de los poderes, no se han encubierto los escándalos, sino que se ha actuado de inmediato, como comprueban los hechos. ¡Que hay corrupción! Nadie se atreve a negarlo. Pero no se puede decir, sin faltar a la verdad, que no se ha procedido. La demora para procesarlos es del Ministerio Público.