Continúa estrechándose el cuello de botella existente en la jurisdicción inmobiliaria, debido a la lentitud de los jueces para evacuar sentencias y las dificultades que afrontan los usuarios para obtener un documento en las diversas dependencias. Hace alrededor de ocho meses, escribí un artículo con el mismo título que encabeza este trabajo y la situación sigue empeorándose hasta el extremo de que muchos abogados y otros actores del sistema reaccionan con ira, por la ausencia de agilidad en el trámite procesal.

Es notoria la falta de personal en la jurisdicción Inmobiliaria de la capital y de otras provincias. Se sabe que la confección de los certificados de títulos no se realiza en los distritos judiciales del interior y son enviados al Registrador de Títulos del Distrito Nacional.

La demora en los fallos judiciales también se extiende a los tribunales civiles, hasta el punto de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, sometió un proyecto para reglamentar el tiempo en que deben ser emitidos los veredictos.

El Banco Mundial elaboró un estudio sobre la duración de los procesos judiciales en el país. Las conclusiones indican que los tribunales de primera instancia duraban dos años para fallar un expediente y recomendaba el uso y el reforzamiento de la conciliación y el arbitraje.

El artículo 67 de la Ley de Registro Inmobiliario establece que, una vez el expediente queda en estado de fallo, el tribunal tiene un plazo de sesenta días para dictar sentencia. Debido a causas justificadas el presidente del Tribunal Superior de Tierras podrá prorrogar el plazo hasta por lo menos treinta días.

La falta de personal, la dejadez, el desgano y negligencia caracterizan las actividades del Tribunal de Tierras capitalino. Muchos empleados trabajan sin entusiasmo, algo que contamina a todo el personal.