La observancia estricta de los roles de cada instancia es lo que hace funcional el estado de derecho de una nación que pretende regirse por mandato de una constitución, y cuando esa premisa fundamental se rompe por malas decisiones se camina hacia el caos.
Es lo que puede desprenderse de la sentencia emitida hace unos días por el Tribunal Superior Electoral (TSE) a través de la cual juzgó la litis que mantienen dos sectores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) enfrentados en una disputa que procura definir cuál de ellos se hace con el control de esa organización que a pesar de sus problemas sigue siendo una pieza importante en la democracia dominicana.
Algunos juristas y otros entendidos son del convencimiento de que el TSE sobrepasó sus límites al desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional que le impedía resolveré el caso del PRD en la forma como lo hizo, violando en una disposición vinculante para todos los poderes públicos.
Quienes han sostenido que el TSE se extralimitó en este caso invocan el artículo 184 de la Constitución de la República referido a que las sentencias que emite el TC son definitivas, irrevocables y de obligatorio cumplimiento.
El razonamiento de los entendidos es que el TC, si de nuevo es apoderado por el sector del PRD que encabeza el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, no tendrás otro camino que seguir sus propios pasos y derogar la sentencia del TSE y obligarle a ajustarse al estricto cumplimiento del estado de derecho.
Conduce al caos que se acepte desacatar un mandato constitucional
De lo que se trata es que en nuestro ordenamiento jurídico ninguna instancia está por encima de la Constitución de la República, pues si eso se permite nos veríamos camino al caos y al desorden, poniendo en peligro la seguridad jurídica de todos los ciudadanos dominicanos.
Entonces, como las decisiones del TC son definitivas entraríamos en el terreno del desacato por parte del TSE, un órgano creado por la Carta Magna lo mismo que el Tribunal Constitucional, precisamente para darle más fortaleza al estado de derecho en la República Dominicana y darle al mismo tiempo robustez institucional a una democracia que con sus imperfecciones nos ha permitido vivir en libertad por más de medio siglo.
