Indescriptible la consternación e indignación que ha causado el asesinato de una niña de diez años que fue violada, amarrada y amordazada por desconocidos que abandonaron su cadáver en un monte de la comunidad de Jacagua, en Santo Domingo Norte, crimen perpetrado por bestias humanas que las autoridades están compelidas a apresar y la justicia a condenar.

Eloísa Encarnación Martínez, quien cumpliría 11 años el 28 de este mes, era hija de Roberto Encarnación y Candelaria Martínez y había sido promovida al quinto grado en su escuela. Fue raptada por uno o varios individuos que la llevaron a un matorral donde abusaron de ella y después la estrangularon.

He ahí una tragedia que reclama la atención del mentado Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, porque la vida de esa criatura fue interrumpida salvajemente por gente sin alma que ha perpetrado un crimen atroz e imperdonable.

Ese andamiaje jurídico o sus manejadores parecen centrar mayor atención en la situación del menor delincuente o en conflicto con la ley, sin reparar las autoridades en el compromiso de proteger a niños y niñas frente a maltratos físicos o síquicos, como los que causaron la muerte a Eloísa.

Son muchos los casos de violación, acoso o ataque sexual cometidos por adultos contra menores que quedan impunes o cuyos autores no reciben una sanción penal cónsona con la magnitud del daño infligido, lo que sirve de estímulo para que niños, niñas y adolescente sirvan de carnada a depredadores sexuales.

Eloísa estaba muy contenta porque había pasado de curso, poseía un teléfono móvil y pronto retornaría a su escuela con sus amigos, hasta el aciago día en que fue raptada, amarrada, amordazada, violada y asesinada por individuos que deben pagar por tan horrendo crimen con la pena máxima de prisión.

Duele saber que miles y miles de niños, niñas y adolescentes sufren hoy abusos, acosos sexuales u otros tipos de daños físicos y morales, sin que se apliquen políticas públicas de prevención o desaliento de este tipo de infracción criminal, cuestión que se atribuye a que las autoridades ponen más énfasis en defender a menores victimarios que a los que reciben maltratos.

El asesinato de la niña Eloísa consterna profundamente a la sociedad dominicana que reclama con todo fervor que sus asesinos sean apresados cuanto antes y que esta tragedia sirva para que de verdad, Estado y Gobierno apliquen programas de protección a los menores.