La violencia basada en el género contra mujeres y niñas ha sido un constante problema social -y en crecimiento- en nuestro país, a partir de su develamiento hace ya algunas décadas y de la ley 24-97 que modificó el Código penal dominicano en enero de 1997 para tipificarla.

Es el segundo delito más denunciado en los últimos cuatro años al nivel nacional, luego del robo, según datos estadísticos de la Procuraduría General de la República, generando 321,355 denuncias entre 2020 y 2024.

Habiendo logrado avances significativos -pero no los necesarios en casi 30 años- las violencias de este tipo siguen sin ser asunto importante y, acabando recién el mes de octubre, se sumaron cinco feminicidios a los más de cincuenta que dicen ser los ocurridos en este año.

Precisamente, la falta de estadísticas adecuadas a partir de un sistema de registro científico, basada en indicadores del fenómeno, con perspectiva de género para reconocer riesgos, situaciones, realidades y establecer una verdadera prevención, es una de las carencias actuales.

Pero la gran dificultad en el reconocimiento de la gravedad de estas violencias es la falta de identificación de una violencia estructural, tradicional normalizada en toda la práctica social e invisible, razón de la gran resistencia a ser desmontada, haciendo que las niñas y las mujeres vivan en la incertidumbre y el temor, una limitación a sus capacidades y crecimiento.

Y no es solo la violencia intrafamiliar que se ejerce en el espacio privado, es toda la violencia marcada por la brecha de género, establecida en las mismas prácticas del Estado y sus disposiciones frente a la ciudadanía, a partir de exclusión y prácticas discriminatorias.

En mayo de 2022, el PNUD publicó el estudio Violencia Contra las Mujeres y las Niñas en el Ámbito Comunitario realizado por investigadoras reconocidas nacional e internacionalmente, como Clara Báez que lo encabeza, y en su prólogo, se adelantaba que la violencia de género atenta contra la dignidad humana y el desarrollo de la sociedad, especialmente destacable en la República Dominicana, donde un 68.8% de mujeres de 15 años y más, es decir, más de 2 de cada 3, ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida en todos los ámbitos, no sólo en el privado, también en el público.

Con esos datos, empezamos noviembre recordando la necesidad de poner seriedad en el tema de un grave problema de seguridad de las dominicanas, desatendido desde el propio Estado.

No repitan alegorías vacías, queremos acciones de fondo.