La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocía este miércoles un recurso de objeción al archivo de una querella que alegadamente compromete la responsabilidad penal de jueces, abogados y el Ministerio Público en la falsificación de documentos para despojar extranjeros y dominicanos de una propiedad en Nagua con más de 500 reses y un valor de más de un millón de dólares.

Los empresarios norteamericanos Julián Rodríguez, Carol Jaramillo, la ciudadana china Huang Kitty Qua y los dominicanos Eduardo Vázquez Matos y Julio César Núñez Alvarado, conjuntamente con la razón social Progreso Turístico, representados por el abogado Georges López Hilario, demandan justicia en el caso.

“Hoy se le da apertura a conocer el recurso de objeción interpuesto contra el dictamen del anterior procurador Jean Alain Rodríguez, que archivó un expediente donde hay más de 250 pruebas tasadas que comprometen la responsabilidad penal de jueces, abogados y miembros del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones”, explicó López Hilario.

El jurista explicó que las vacas fueron sustraídas por Marino Rosario Grullón, quien alegadamente compró la propiedad y procuró timar a los querellantes.

Durante una rueda de prensa en la Suprema Corte de Justicia, previo al inicio de la audiencia, el jurista explicó que la falta de justicia en República Dominicana es proporcional a la seguridad ciudadana y la jurídica.

La querella se fundamenta en uso de documentos falsos, falsedad intelectual y robo agravado para despojar a los demandantes de una propiedad tasada sobre el millón de dólares y “sustrajeron más de un millón de dólares en ganado”. Se trata de la parcela 26 del Distrito Catastral 4 de Nagua en la que pastaban más de 500 reses.

El abogado señaló que por el hecho fueron sometidos a la justicia en 2018 los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís, Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Inoa Peña.