Los alrededor de 30 muertos y más de 800 heridos en Colombia desde el 28 de abril a la fecha sintetizan la brutalidad con que la Policía ha reprimido las protestas contra la reforma fiscal y el supuesto mal manejo del Gobierno a la pandemia sanitaria.
Cuando la indignación popular comenzó a cobrar calor el presidente Iván Duque flexibilizó la reforma tributaria, que después decidió retirar del Congreso. Pero en el ínterin la chispa social había cobrado más fuerza por los abusos de la Policía contra manifestaciones cada vez de mayor calado.
Además de repudiar las acciones de los agentes, los colombianos encontraron en las restricciones y la propagación del coronavirus otro motivo para ocupar las calles. Si el Gobierno no quiere engañarse con una falsa interpretación de los acontecimientos tiene que darse cuenta del rechazo de la población a su gestión administrativa.
El presidente Iván Duque parece que confundió la alta votación con que llegó al poder con un cheque en blanco para tomar cuantas medidas se le antojasen para lidiar con la crisis económica y de salud. Hoy es el foco de las protestas, a tal punto que un amplio segmento de la población, sobre todo jóvenes, ha comenzado a reclamar su salida del poder. Decisiones controversiales como la ruptura de los acuerdos de paz no tardaron en desatar una ola de violencia y criminalidad que le han costado caro.
El caso de Colombia es un espejo en el que tienen que mirarse muchos Gobiernos que suelen ignorar el sentir de la población al tomar decisiones controversiales.
