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En un limbo jurídico caso Caracol de la Cámara de Cuentas

En un limbo jurídico caso Caracol de la Cámara de Cuentas

Se encuentra en una especie de limbo jurídico, sin la presentación de ninguna instancia desde  2021, la investigación que anunció el Ministerio Público denominada “Caracol” sobre las alegadas irregularidades en las auditorías cometidas por los pasados miembros de la Cámara de Cuentas. 

Tras el cese en sus funciones de los miembros de la Cámara de Cuentas, en  2021 el Ministerio Público solicitó la asignación de un juez control de primera instancia, para cuyos fines se designó a uno del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de solicitud al respecto.

Para el allanamiento llamado Operación Caracol se utilizó de un fuerte contingente policial que acordonó todo el entorno de la Cámara de Cuentas.
Para el allanamiento llamado Operación Caracol se utilizó de un fuerte contingente policial que acordonó todo el entorno de la Cámara de Cuentas.

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En la secretaría del tribunal se confirmó que desde  2021 hasta hoy, el Ministerio Público no ha solicitado medida de coerción, ni ningún tipo de acción contra los investigados.

Desde el año pasado a la fecha, lo único que ha conocido el juez control apoderado del caso «Caracol» ha sido un desistimiento de los abogados que dieron calidad en representación de la Cámara de Cuentas, a cargo de Julio Cury,  Eduardo Jorge Prats y Dany Mercado.

Como juez control del caso estaba apoderada la magistrada María Garabito Ramírez, de la Suprema Corte de Justicia, quien luego se desapoderó del expediente, tras el cese en sus funciones de los miembros de la Cámara de la Cuentas.

Garabito Ramírez fue escogida por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, luego que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitara  la designación de un juez especial para el control de la investigación, sobre corrupción y otros delitos, que lleva a cabo el Ministerio Público contra los  pasados miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas.

Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Pepca, encabezó el allanamiento en el edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, que acoge a la Cámara de Cuentas en la avenida 27 de Febrero, esquina Abreu, en Santo Domingo.

En esa ocasión, Wilson Camacho, titular de la Pepca, pidió al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, designar un juez para conocer las imputaciones preliminares contra Hugo Francisco Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes para esa ocasión tenían privilegio de jurisdicción.

Al grupo de funcionarios se le investiga en forma provisional por obstrucción de la justicia, en violación del artículo 12 de la Ley 133-11. La investigación del Ministerio Público incluye a otros integrantes del organismo de fiscalización estatal.

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El Ministerio Público también sostiene que las actuaciones de los integrantes de la Cámara de Cuentas configuran delitos como “coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción”.