El mensaje del presidente Leonel Fernández ha sido claro al señalar que la gente apostó en las elecciones por la estabilidad económica. Si las estadísticas son como las ha presentado el mandatario, quien en ocasiones ha definido el país de modelo de desarrollo en la región y el mundo, no debería haber entonces por qué preocuparse.

La percepción, sin embargo, es otra. La gente siente que tras el proceso electoral la economía, por el derroche de recursos que supuso, ha quedado muy resentida. Y desde mucho antes comenzó a plantearse la necesidad de una reforma fiscal, lo que incluso puede darse como un hecho. Lo que no se ha determinado es el carácter, esto es si será integral o sólo con el propósito de incrementar las recaudaciones.

Pero en definitiva no es más que una de las medidas de reingeniería que se han enarbolado para, en contraste con la socorrida declaración de bonanza del presidente Fernández, convertir a República Dominicana en un Estado del siglo XXI, como anotó el economista José Luis de Ramón, en materia de competitividad.

Para elevar los servicios a la población en educación y salud, el Gobierno que a partir del 16 de agosto encabezará Danilo Medina deberá abocarse a disminuir los gastos administrativos, comenzando por desmontar la nómina. Si a la alimentación de los más de 530 mil servidores que la conforman se agregan el 11 por ciento que se dedica al pago de intereses y el 12 a subsidios, apenas se dispone de un 34 por ciento para los servicios de educación y salud, y de un ocho para infraestructura.

No hay que ser un experto para comprender que en una nación con tantas necesidades acumuladas, con esos porcentajes es muy poco lo que se puede hacer para mejorar las condiciones de vida de la población.

Antes que cancelar empleados, Medina ha planteado la creación de 400 mil puestos de trabajo, sobre todo a través del sector privado. De contarse con alguna fórmula concreta sería lo ideal. Sin embargo, el drama de muchos países más desarrollados que República Dominicana convierte la propuesta en una quimera.

Todo indica que, pese a las inmejorables estadísticas oficiales, el país está en una encrucijada ante todos los desafíos que las presentes o futuras autoridades están en la obligación de abordar siquiera para garantizar la gobernabilidad. Las buenas intenciones no son suficientes en sí mismas frente a un cuadro con caracteres tan sombríos.

Hay quienes entienden que para ahorrar recursos hay que eliminar subsidios como el del sector eléctrico, pero esa decisión, aún se ampare a los sectores carenciados con bonoluz u otra fórmula, representará un duro golpe para una clase que desde hace tiempo ha visto descender su estatus en una suerte de caída libre. Como pinta el panorama no está claro, sin caer en falsas alarmas, cuál es la senda que trillará la nave de la nación para arribar a puerto seguro.