Listín Diario arriba hoy al 123 aniversario de su fundación convertido en emblemático medio de comunicación, leal escudero de las libertades públicas e incansable narrador de una dilatada crónica sobre la lucha del pueblo dominicano por alcanzar un verdadero estadio de derecho y de justicia social.

Antes que claudicar ante los designios de una dictadura sin ejemplos, el Listín prefirió invernar en el silencio por más de una década para que su retorno coincidiera con el renacer de una democracia conculcada, y fue entonces su misión la de ayudar a consolidar un renovado ambiente de pluralidad política.

Menos de cinco años después de decapitada la tiranía, el Listín tuvo, junto a otros periódicos de la época, que consignar las tristes noticias de la abrupta ruptura del orden constitucional y del cruento conflicto cívico militar que degeneró en guerra patria, pero también fue portavoz de buena nueva de la amnistía a los presos políticos y retorno de los exiliados.

El cumpleaños del Listín es motivo de regocijo para el diarismo nacional, toda la prensa y para la sociedad, a la que ese periódico le sirve con entusiasmo, eficacia, responsabilidad y valentía, con una línea informativa basada en la objetividad y páginas editoriales que alientan la pluralidad.

El Nacional aprovecha tan resaltante efeméride para expresar sinceras felicitaciones a los miembros del Consejo de Administración de la Editora Listín Diario, al director del periódico, Miguel Franjul y a todo su personal.

Insulto

El senador Julio César Valentín ha interpretado fielmente el sentir de la sociedad dominicana al considerar como un insulto a la inteligencia y una burla a la ética y a la prudencia que funcionarios públicos, de cabildos e instituciones autónomas perciban salarios mayores que los de sus pares de economías hasta 14 veces superiores a la dominicana.

La Ley General de Salarios que se debate en el Congreso debería en primer término poner un freno al desorden que significa que funcionarios del Estado se agencien sueldos estrafalarios que contrastan con los que reciben auténticos servidores de la Administración Pública.

Se revela ahora que turpenes oficiales ganan mucho más dinero que sus homólogos de Brasil y Chile, lo que constituye un insulto y una burla a la ciudadanía, por lo que el Congreso está en obligación de repeler presiones e intimidaciones y votar una ley justa, decente que erradique esa suerte de mafia legal.