“Air Cocaine”

Los medios franceses lo bautizaron como el caso «Air Cocaine», un nombre cinematográfico para una historia que efectivamente hace pensar en una película de intriga.

Tiene todos los elementos: miles de libras de cocaína, un avión privado, paradisíacas playas, prófugos de la justicia, altas personalidades políticas y empresarialess… y ahora una orden de captura internacional.

Pascal Fauret y Bruno Odos, dos pilotos franceses sentenciados por un tribunal de República Dominicana a 20 años de cárcel por tráfico de drogas, huyeron en una lancha rápida, compraron un boleto aéreo en Martinica y volaron a su país, donde están seguros de que no serán extraditados.
E

l caso se remonta a la noche del 19 al 20 marzo de 2013, cuando la policía, informada, en particular por EE.UU., interceptó en la pista del aeropuerto de Punta Cana un avión Falcon 50 con 26 maletas que contenían 680 kilogramos de cocaína.

Además de los dos pilotos fugados, están implicados otros dos franceses: Nicolás Pisapia, un pasajero, y Alain Castany, sobrecargo, que se mantienen en República Dominicana.

Aunque los dos pilotos siempre han asegurado que no conocían la carga que transportaban, uno de los cuatro dominicanos también condenado, Luis Daniel Pérez, quien se declaró culpable, admitió en la audiencia que al llenar el avión una de las maletas se rompió, la droga salió rodando y éstos la recogieron y la volvieron a colocar dentro.

Y declaró que formaban parte de una red de narcos que ya había enviado al menos dos cargamentos de drogas a Europa.

El arresto fue el resultado de una investigación que incluyó varios agentes encubiertos, cuyos testimonios sirvieron como pruebas en el juicio.

La huida de los pilotos tiene una vertiente política, pues el eurodiputado del ultraderechista Frente Nacional Aymeric Chauprade admitió su participación en el plan, al menos según medios franceses.

Pero también plantea un conflicto legal en virtud del convenio suscrito el 7 de marzo de 2000 a través del cual República Dominicana y Francia se comprometen a todo ciudadano de ambos que sea perseguido por una infracción penal o requerido por una pena privativa de libertad.

Al no cumplir con el convenio, Francia lo rompe, abriendo una estela de interrogantes, que tampoco suponen el fin de una película, no de ficción, sino basada en la realidad.