No se conoce el texto íntegro del informe de Amnistía Internacional (AI) que reseña un cable de la agencia española de prensa Efe, fechado en Santo Domingo, en el que se atribuye a ese organismo calificar como alarmantes las violaciones a los derechos humanos en República Dominicana, y a una de sus investigadoras definirlo como extremadamente preocupante. Ese cable de prensa se divulga días antes de que las autoridades dominicanas presenten las medidas que han tomado para cumplir con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ante el Comité para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que evaluará la situación del país en lo referido a la tortura y el discrimen. Adelanta también que AI presentará un informe alternativo.

Como ha sido redactada esa información, se ofrece una impresión cercana de que aquí se violan los derechos humanos en la misma proporción a lo que ocurre en Siria, Libia o algún otro país sometido a regímenes dictatoriales, aunque Chiara Luguori, investigadora de Amnistía admite, conforme a ese escrito, que aquí hay buenas leyes para proteger al pueblo, aunque no se aplican de manera efectiva.

AI denunciaría ante el Comité de la ONU algunos de los abusos a los derechos humanos que enfrentan las personas en la isla caribeña, entre los que se incluye niveles alarmantes de asesinatos policiales y casos de tortura por parte de la Policía, así como discriminación contra haitianos y dominicanos de origen haitiano, violencia contra las mujeres y amenazas contra periodistas.

Amnistía Internacional ni el cable de la agencia Efe refieran si esas presuntas violaciones a derechos humanos forman parte de alguna política de represión o intimidación ciudadana dirigida desde el Gobierno o del Estado, o si se trata de fallas del sistema de prevención, persecución penal o del Poder Judicial. Cualquier informe referido al desempeño de la Policía debería estar acompañado de una reflexión sobre los esfuerzos que se realizan para modernizar a esa institución, adaptarla a su condición de auxiliar de la justicia, así como al impacto que sobre su actuación tiene el auge del narcotráfico y crímenes conexos como lavado de dinero y sicariato.

El tema sobre discriminación de ciudadanos haitianos y dominicanos de origen haitiano debería ser analizado en un foro sobre política, migración y soberanía, porque se ha demostrado que la interpretación de la Constitución de la República no colisiona con derechos relacionados con la nacionalidad o la inmigración ilegal. La violencia contra la mujer, tanto es un problema de derechos humanos, como flagelo de naturaleza social, económica y política que debe ser afrontado con políticas públicas de amplio espectro que involucren los temas de educación, empleo, salud, vivienda, prevención y aplicación de la ley.

Sorprende que en el prontuario de violaciones al derecho de gente se incluya el de amenazas a periodistas, lo que demuestra que redactores promotores e instigadores de ese informa sobre violaciones a derechos humanos en República Dominicana exageraron la nota, sabe Dios con cuáles fines o propósitos.