Un mentado Instituto Internacional de la Prensa (IPI) expresó preocupación en Viena, Austria, por lo que define como aumento del acoso a periodistas que investigan casos de corrupción en República Dominicana, lo que no se corresponde con la verdad o al menos constituye una exageración.

Sin negar que el Ministerio Público ha incurrido en excesos al requisar residencias y oficinas de periodistas y medios de comunicación electrónicos, no resulta válido afirmar que se ha incrementado el acoso contra la prensa, ni aun contra comunicadores que investigan expedientes de presunta prevaricación.

La comunicadora Nuria Piera, quien ha divulgado en su programa de televisión impactantes reportajes que involucrarían a legisladores y funcionarios en casos de corrupción, aclaró que no ha recibido amenazas contra su integridad física y dijo que viajó al extranjero por motivos familiares. El señor Anthony Mills, subdirector del IPI, refiere el caso de la Primera Dama, Margarita Cedeño, como uno de los nombres envueltos en las investigaciones periodísticas, sin tomar en cuenta que ella recurrió a los tribunales al considerarse difamada, un caso que corresponde a la justicia dilucidar.

Ese instituto de la prensa exagera al señalar que la turbulenta campaña electoral ha degradado el nivel de libertad de prensa, especialmente hacia periodistas que investigan crímenes de cohecho, pues aquí todos los días se denuncian o se desmienten imputaciones de corrupción en uno u otro litorales políticos, sin que la sangre llegue al río.

La del periodista es profesión riesgosa, más aún de aquellos comunicadores que realizan trabajo de investigación relacionado con corrupción, narcotráfico u otros temas vinculados con infracciones criminales, por lo que siempre es oportuno y saludable que organizaciones vinculadas con la comunicación social formulen llamados de alerta en torno a posible degradación de la libertad de prensa.

Es de justicia señalar que en República Dominicana no se ha degradado el nivel de libertad de prensa, aunque algunas esferas oficiales, partidarias o corporativas muestran inclinación hacia la intimidación velada o expresa contra periodistas y medios de comunicación. Con estricto apego a la Constitución, ley penal y legislación de prensa, medios y periodistas tienen el compromiso de defender la libertad de expresión y el derecho sustantivo de los ciudadanos a opinar libremente, sin olvidar la máxima jurídica de que quien cause un daño está obligado a repararlo.